El presidente del órgano de control, Mario Amilivia, ha expuesto esta cuestión durante la presentación del informe de eficacia y eficiencia de gestión recaudatoria de las diputaciones de la Comunidad, en el marco de la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León.

En este contexto, los portavoces de los distintos grupos políticos hicieron hincapié en el caso de la institución provincial abulense, que fue defendida por el PP, debido a un incremento de la recaudación.

El Consejo de Cuentas recomienda a las nueve diputaciones provinciales de la Comunidad la gestión directa de la recaudación de tributos, ya que solo existe este órgano en tres de ellas.
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Externalización

El consejo advierte de la externalización de casi todas las funciones de gestión tributaria y recaudatoria en Ávila a pesar de tener un organismo autónomo creado, por lo que se recomienda “la debida gestión directa”. También pide mejorar el grado de recaudación en periodo voluntario de los impuestos ya que, con carácter general, se sitúa algo por debajo de la media en el caso de la Diputación abulense, a la que insta a aprobar una ordenanza general específicamente reguladora de la gestión, liquidación, recaudación e inspección de los tributos locales delegados.

En el caso de la Burgos varias entidades financieras colaboran en materia de recaudación. El consejo recomienda que dichos servicios no sean remunerados, advirtiendo que en ningún caso las entidades de crédito pueden adquirir el carácter de órgano de recaudación.

En cuanto a los aspectos organizativos, tres diputaciones (Ávila, Salamanca y Valladolid)  tienen un organismo específico de recaudación. El resto prestan el servicio integrado en la organización provincial. Las diputaciones con más personal asignado a la prestación del servicio de gestión tributaria y recaudación son las de León y Salamanca y, con menos, las de Ávila, Soria y Palencia.

Un porcentaje superior al 95% de los municipios de cada provincia delega a las diputaciones las facultades de gestión tributaria y recaudatoria, siendo muy habitual la delegación de la gestión en sentido amplio (gestión, liquidación, recaudación e inspección) y mayoritarios los casos en los que se delega tanto la recaudación voluntaria como la ejecutiva. 

Cinco diputaciones (León, Salamanca, Soria, Valladolid y Zamora) cuentan con una ordenanza general de gestión tributaria y recaudatoria. Salvo Salamanca, las otras ocho cuentan con una ordenanza reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recaudación.

En relación con los procedimientos de inspección, generalmente relacionados con el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), solo cuatro diputaciones los desarrollan: Ávila, Salamanca, Segovia y Valladolid.

Con relación a la información sobre la gestión recaudatoria, en periodo voluntario los indicadores del grado de recaudación son muy altos, alrededor del 90% de lo puesto a cobro -en todas las diputaciones- sumando de forma agregada un total de 476 millones de euros. El desglose por diputaciones es el siguiente: Ávila 48,5 millones de euros; Burgos 63,5; León 103,3; Palencia 30,1; Salamanca 73,2; Segovia 46,6; Soria 22,3; Valladolid 54,1 y Zamora 34.

Fase ejecutiva

En fase ejecutiva el grado de recaudación es muy bajo en todas las diputaciones y tributos, apenas el 30% sobre la suma total de las nueve instituciones, siendo también muy bajo el número de actuaciones de apremio y embargo, así como el alto grado de créditos que se declaran incobrables.  

En cuanto al análisis del coste y rendimiento del servicio, las diputaciones de Salamanca, León, Segovia y Burgos son las que perciben más ingresos por la tasa del servicio de gestión recaudatoria que prestan a los ayuntamientos. Estas mismas -salvo Burgos y Valladolid- son las que registran también mayor ingreso por municipio, siendo las de Ávila, Soria y Burgos las que menor ingreso tienen por municipio.

Las diputaciones donde se dan los mayores gastos por prestar el servicio son las de León, Salamanca, Ávila y Valladolid, siendo también las que registran mayor coste por municipio. Finalmente, significó, en las de Zamora, Segovia y Burgos los ingresos obtenidos por la tasa de prestación del servicio superan a los costes que genera dicha gestión.

Recomendaciones
El Consejo de Cuentas emitió 96 recomendaciones dirigidas a las nueve diputaciones y salvo algunas de carácter singular, en la mayoría de los casos contemplan aspectos bastante comunes orientados a mejorar los procedimientos y corregir las principales deficiencias detectadas.

Entre otras, para todas estas instituciones se recomienda que el responsable del servicio de recaudación promueva la adopción de medidas para mejorar las posibilidades de extracción, explotación y tratamiento de los datos incluidos en el sistema de información tributaria. 

Se recomienda que el pleno de las de Ávila, Burgos, Palencia y Segovia debería aprobar una ordenanza general específicamente reguladora de la gestión, liquidación, recaudación e inspección de los tributos locales delegados. En el caso de Burgos, dicha regulación debe incluir la relación con las entidades financieras colaboradoras, teniendo en cuenta el carácter no retribuido de esta colaboración.

A todas, excepto Salamanca, se recomienda que el órgano de recaudación incremente las actuaciones y procedimientos de verificación y comprobación tributarias. En las de Ávila, León y Segovia debería mejorarse el grado de recaudación en periodo voluntario de los impuestos ya que, con carácter general, se sitúa algo por debajo de la media.

También, el Consejo de Cuentas recomienda que en todas las diputaciones el órgano de recaudación debería mejorar la eficacia de sus actuaciones de apremio y embargo para el cobro de deudas en ejecutiva, y que en el caso de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca y Valladolid estas deberían incrementar la eficacia de la gestión recaudatoria promoviendo el aumento de ingresos mediante la repercusión de las costas del procedimiento de apremio a los obligados tributarios.

Finalmente, se subraya que las diputaciones de Burgos, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora, conforme a una adecuada metodología de costes, debería vigilarse el binomio coste/rendimiento del servicio de gestión tributaria y recaudación, a los efectos de controlar que la tasa establecida, apoyada en un estudio económico, no rebasa dicho coste.