Se trata de un “plan de medidas urgentes y extraordinarias en defensa de la economía de las familias españolas”, ante la inflación de precios y la “grave crisis” en la que está inmersa el país. Por ello, proponen al Gobierno de España que diseñe un Plan Nacional para la mejora de la efectividad y calidad del gasto público que permita establecer medidas para la modernización y reforma de todas las Administraciones Públicas, estatal, autonómicas y corporaciones locales, que permita un ahorro y racionalización del gasto.

Igualmente, que mejore el diseño del Plan Recuperación Transformación y Resiliencia para hacerlo más ágil de manera que la financiación llegue a las empresas y familias de forma inmediata y para que las reformas sean transformadoras; intensificando entre otras medidas, el uso de incentivos fiscales extraordinarios y temporales, aplicables a inversiones que hagan hogares y empresas que se consideren que contribuyan a la mejora de la cohesión social y la capacidad de reacción ante las crisis destinados a inversiones en materia de transformación y digital y eficiencia energética, financiables para la Hacienda Española con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, destinando al menos un 7% del PRTR, a esta finalidad (4.900 millones).

Además de un paquete de reformas estructurales para incentivar la actividad económica y la una bajada de impuestos selectiva, inmediata y temporal sobre los sectores más afectados por la inflación, con una horquilla de entre 7.500 y 10.000 millones de euros.

Ciudad verde

Asimismo, el Partido Popular llevará una segunda moción al Ayuntamiento de Ávila. Sonsoles Sánchez Reyes, portavoz en el Consistorio abulense, solicitará que Ávila se adhiera al ‘Acuerdo por una ciudad verde’.

Se trata de un movimiento surgido a finales de 2020 y formado por ciudades europeas comprometidas con la conservación del medioambiente (conservación de la naturaleza y la biodiversidad, fomento de la economía circular, y mejora del aire, entre otras medidas).

En España, ciudades como Zaragoza, Murcia, Vitoria o Soria ya se han adherido a esta iniciativa que ofrece a las ciudades la oportunidad de ganar visibilidad por sus esfuerzos medioambientales; un marco para administrar los recursos locales de manera más efectiva, ayudando a las ciudades a cumplir sus objetivos ambientales de una manera más integrada; apoyo técnico para planificar e implementar acciones ambientales a través de un servicio de asistencia, aprendizaje entre pares y desarrollo de capacidades; mejor acceso a la información sobre financiación; oportunidades para intercambiar conocimientos y buenas prácticas con otras ciudades; una línea de comunicación entre ciudades y responsables políticos europeos.