El desarrollo de la operación CorCyl ha sido dado a conocer en la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila por el subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano, junto al teniente coronel jefe de la Comandancia de Ávila, Gustavo Dorda, y al jefe del Seprona en Ávila, Fernando Galera.

Se trata de una intervención pionera en España, porque ha supuesto la detección de una nueva manera de proceder en materia de medio ambiente, realizando los agentes un estudio de la trazabilidad completa de las piezas desde su caza, hasta los asientos en los libros. Este "trabajo de chinos", según el teniente coronel, ha supuesto el análisis pormenorizado de un total de 2.131 asientos en los libros de la taxidermia burgalesa.

Para culminar esta intervención, que aún no ha sido dada por cerrada, los agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona), han contado con la colaboración de las secciones de caza y las delegaciones territoriales de la Junta de Burgos y Palencia.

A los 74 investigados, dos de ellos de la taxidermia burgalesa, más otros cuatro encausados que han sido citados por los mismos hechos, se les considera supuestos autores de varios delitos de falsedad documental, usurpación de estado civil, contra la flora, la fauna y animales domésticos -furtivismo-, encubrimiento, receptación.

Diez provincias

Junto a los dos taxidermistas burgaleses, figuran cazadores y gestores de cotos de caza de diez provincias: Burgos; Palencia; Vizcaya; Álava; Guipúzcoa; La Rioja; Madrid; Cantabria; Córdoba y Granada. Por su parte, los 105 cotos afectados por la caza presuntamente fraudulenta de 258 corzos, ciervos y gamos, se encuentran en nueve provincias: Burgos; Palencia; Soria; Segovia; Cantabria; Málaga; Vizcaya; Guipúzcoa y Álava.

"Se recibían corzos -en la taxidermia de Burgos- sin anotación o que ya estaban reutilizados", ha apuntado Francisco Galera, quien considera que en esta forma de actuar aplicando la "picaresca" existe "un ánimo de lucro, tanto activo, como cesante".

Por su parte, el teniente coronel ha apuntado cómo se tuvieron "sospechas de que había más caza de la que se podía producir en unos cotos", lo que hacía que sus poblaciones "se estuvieran reduciendo de una manera patente". Al respecto, el responsable provincial del Seprona ha advertido del peligro de extinción que esta práctica podía suponer para determinadas especies, ya que "se cazaban más piezas" de las permitidas en los corzos afectados.

Mientras tanto, una taxidermia burgalesa trataba de obtener beneficio económico "recepcionando trofeos de corzo sin precinto o con ellos reutilizados" según la Guardia Civil.

Esta operación tuvo su origen en otra desarrollada en Móstoles (Madrid) bajo la denominación de Ro3buk, en la que se desarticuló otra trama de cazadores furtivos que manipulaba precintos de caza para reutilizarlos. Fueron  investigadas hace algo más de medio año a 23 personas, entre ellas un taxidermista, llegando a incautar, entre oros, 11 trofeos de corzo sin precinto.

En aquel momento la Guardia Civil inspeccionó una taxidermia burgalesa en la que descubrieron que podría estar recibiendo trofeos de corzo sin precinto y que un individuo investigado en esa operación, podría estar relacionado con dicha taxidermia.

Tras iniciar la operación CorcyL, el instituto armado analizó pormenorizadamente y a mano de los 2.132 asientos de los últimos cinco años en el libro de registro y, una vez cotejados con los datos de las delegaciones de caza provinciales, los agentes del Seprona pudieron verificar las "distintas irregularidades" de la taxidermia burgalesa.