Los hechos se remontan al año 2009 en San Bartolomé de Pinares, en un proceso abierto más de una década. Todo comenzó con un préstamo para la compra de una vivienda familiar y unas obras realizadas en una nave, donde los procesados tenían su explotación caprina, que no fueron retribuidos.

Posteriormente, tras el lanzamiento de la vivienda, el denunciante recuperó parte de sus bienes, ya que los acusados habrían deteriorado y sustraído parte de los materiales de la vivienda y de la propia nave.

En un primer momento, el Ministerio Fiscal no consideraba que los hechos fueran constituidos de delito. Sin embargo, a raíz de la práctica de la prueba se percató de que “sí existía una materia penal”. Por ello, la Fiscalía se adhirió a una parte de la pena solicitada por la acusación particular.

Cuatro años

Para el letrado de la acusación particular, los tres procesados son culpables de varios delitos (alzamiento de bienes, apropiación indebida, falsedad documental privado e insolvencia punible). Por ello, solicita cuatro años de cárcel para cada uno de ellos, además de una multa al dueño del domicilio. No obstante, la Fiscalía solo considera culpables a los dos hermanos, ya que en el caso de la mujer no habría quedado constatada su participación. Y la defensa, pide la libre absolución porque "no se puede apropiar de algo que es suyo" y el dinero fue utilizado para salvar sus deudas. 

Los acusados mantenían una deuda con terceras personas, que acudieron al juicio como testigos y formaban parte de la acusación particular. Los hechos delictivos se produjeron cuando determinados bienes e inmuebles, que estaban adjudicados a la parte acreedora, procedieron a causar una series de desperfectos en los mismos con el “único propósito de producir el menor prejuicio”.

“Me llevé apliques, puertas, armarios, muebles de cocina, la caldera, el depósito de gasoil, la grifería… Porque lo había comprado yo”, apuntaba uno de los acusados, que manifestaba que dicha retirada de elementos “no afectó a la instalación ni infraestructura”, a excepción de un tabique que tuvo que tirar para retirar el depósito de gasoil.

Un hecho, que, para la acusación particular, sería una sustracción y apropiación indebida de múltiples elementos de la vivienda, así como “importantísimos daños” en la misma.  Y para ello, han alegado un informe pericial, donde estos desperfectos ascienden a 20.181.62 euros, aunque durante la celebración del juicio, la prueba testifical del perito no pudo explicar cuáles eran las condiciones anteriores de dichas estructuras.

Una venta simulada

Con el fin de “evitar” que el patrimonio de los acusados fuera embargado, uno de los procesados vendió su explotación caprina a su hermano, también sentado en el banquillo, por el precio de 50.000 euros. Dicha venta se realizará, según la acusación particular, con la transferencia de una cuenta bancaria a otra, donde los titulares eran las mismas personas. Creando una “venta simulada”.

Los dos letrados de la defensa han explicado que no fue así. Y es que, el dinero de la venta habría sido destinado para pagar sus deudas. De hecho, de esos 50.000 euros abonó 48.295,40 euros. Es decir, destinó casi “la totalidad de la cuantía percibida”. El juicio ha quedado visto para sentencia.