Según la Administración autonómica, "las anomalías sufridas este año en la precipitación acumulada anual, en las temperaturas y en la humedad de los combustibles pesados, incrementan la probabilidad de consolidación de los incendios".

Por ello, y ante "el incremento de riesgo que se produce los fines de semana derivado del aumento de la actividad en el medio natural", el Gobierno de Castilla y León procederá "como medida preventiva" a declarar, por cuarto fin de semana consecutivo, época de peligro medio de incendios forestales desde el viernes 3 al domingo 5".

Esta medida implica, entre otras cuestiones, la asignación de personal de guardia, tanto de agentes medioambientales como de técnicos especialistas en extinción, así como la activación de medios aéreos, maquinaria pesada y de cuadrillas terrestres para la asistencia inmediata a los incendios que pudieran surgir.

Suspensión de autorizaciones

Otra de las medidas preventivas adoptadas es la suspensión de todas las autorizaciones o comunicaciones para quema de restos vegetales que se hubieran podido tramitar. 

Para este fin de semana se esperan precipitaciones viernes y sábado en el norte y el oeste de la Comunidad, mientras que las temperaturas máximas "siguen la tendencia moderada de la semana en curso, aunque las mínimas siguen por encima de la media de lo que es habitual para estas fechas".

"Aun así las temperaturas en el sur y el este de Castilla y León siguen altas, cinco grados por encima de lo común para esta época", apunta la Junta, antes de señalar que el viento es "el factor que dispara el riesgo de incendios este fin de semana, superior a 10 kilómetros por hora en toda la comunidad", esperándose rachas de más de 40 kilómetros en el sur y este, haciendo que los índices de riesgo de incendios sean "altos debido a las velocidades de propagación y al índice de consolidación".

Además de llamar a la prudencia a la población, el Gobierno autonómico insiste en que la quema de matorral o monte sin autorización expresa, con cualquier finalidad, es una práctica prohibida que "puede poner en grave riesgo vidas humanas, poblaciones y otros bienes, así como el patrimonio natural y cultural". Además, advierte de que "puede ser constitutiva de delito".