Esta modificación “reconoce que las personas con discapacidad tienen la misma capacidad jurídica que el resto de  las personas”, y con ella “se suprimen conceptos como la incapacidad e incluso se suprime, para los adultos, la vieja institución de la tutela”, según ha explicado el asesor jurídico de la Fundación Futudis, Jesús Lozano.

La normativa supone que las personas con discapacidad “pueden requerir apoyos para que él mismo adopte sus decisiones”.

“Se trata de un cambio radical”, ha asegurado, ya que “hemos pasado de sustituir la voluntad de las personas con discapacidad a través de una tutela a fomentar la toma de sus propias decisiones y a que desaparezca del ordenamiento jurídico cualquier prohibición y limitación por razón de la discapacidad”. De forma similar a lo ocurrido con el derecho a voto, que ya “no discrimina a nadie”, ha añadido.

El asesor jurídico ha explicado que esta modificación legislativa supone que “las familias necesiten información”. “Todos estamos aprendiendo cómo funciona la nueva ley”, en un caso en que “la ley va por delante de la conciencia social y va a continuar mejorando las condiciones de vida de las personas con discapacidad”, y que va a suponer “dejar de pensar en ellos como menores de edad”.