“Equiparación ya. Justicia salarial” es la pancarta con la que han protestado “por la dignificación de la labor de los empleados públicos y la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos”. También para exigir la negociación de la subida salarial y de la recuperación del poder adquisitivo perdido, “más oferta de empleo público en todos los sectores y administraciones, o mejores condiciones laborales, por ejemplo, para poder realizar teletrabajo, ya que es una de las medidas que el Gobierno quiere impulsar en el nuevo plan de ahorro energético”, según ha explicado el presidente provincial de CSIF Ávila, Alfonso Sánchez Galán.

Tras la concentración, el presidente de la Unión Provincial se ha reunido con el subdelegado del Gobierno, Fernando Galeano, al que le ha trasladado las demandas de CSIF, así como “el deterioro de los Cuerpos de Seguridad y de las Fuerzas Armadas del Estado”, además de denunciar los problemas de asistencia en las clases pasivas, o las dificultades de la cobertura de las plazas,

“Las empleadas y empleados públicos –ha dicho Sánchez- hemos dado sobradas muestras de compromiso y sacrificio en los últimos año, y durante la pandemia hemos dado todo y más para que este país saliera a flote; y trabajamos a diario para ofrecer un servicio público de calidad, con muchas dificultades y limitaciones, en la Sanidad, la Educación, la Justicia, los servicios de empleo, la Seguridad Social…”.

Poder adqusitivo

A pesar de ello ha considerado que los empleados públicos se encuentran “maltratados” por las Administraciones, ya que han perdido un 15% del poder adquisitivo, desde que, en 2010, “por primera vez se les bajó el sueldo”.

“Llevamos más de 11 años aportando al pacto de rentas con nuestras nóminas devaluadas, hoy más aún con una inflación brutal en los precios de la energía, el combustible o la cesta de la compra”, ha señalado. “Los bajos sueldos están provocando que miles de puestos queden vacantes en las administraciones públicas, en la sanidad en la educación, como ha reconocido el propio Gobierno”,  ha añadido.

Por eso, CSIF considera que el Gobierno “ahora tiene que estar a la altura y negociar ya la mejora de las condiciones laborales de los empleados públicos”, que en Castilla y León suman más de 160.000, además de llamar la atención sobre el incremento de la temporalidad, que ahora está en más del 32%  en el conjunto de las administraciones en España. Reclama mayor oferta de empleo público, y la supresión de las tasas de reposición, ante la pérdida de miles de puestos y la “tremenda avenida de jubilaciones que se espera para los próximos años”.