Se trata de una “medida antisocial” y un “ataque directo y frontal a los regadíos”, que suponen “un foco importante de generación de empleo y puestos de trabajo”.

La organización agraria cree que con estas políticas impositivas se demuestra que el ministro de Agricultura, Arias Cañete, junto al ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, “se han convertido en dos de los mayores enemigos del sector agrario español” por “atizar una vez más contra el sector primario para financiar el déficit del Estado”.

En el caso de Ávila, con uno de los mayores acuíferos del país, el de Los Arenales, la extracción de agua se hace mayoritariamente  a través de sondeos, aunque también el incremento del coste afecta a las estaciones de bombeo de riego por superficie en los regadíos modernizados a demanda.