Ante esta situación, Comisiones Obreras afirma que los empleados de dicho sector “no pueden más”, de ahí que este sindicato, tras varias reuniones mantenidas con las patronales y una solicitud de mediación y arbitraje ante el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) no ha tenido “más remedio que acudir ante la Audiencia Nacional”.

Y ello, con el objetivo de que “haga cumplir el VII Convenio Colectivo donde todavía las Organizaciones Empresariales se niegan a aplicar la subida salarial del 6,5%”.

En la provincia de Ávila son alrededor de 1500 los trabajadores y trabajadoras que forman parte de un sector que durante la pandemia “ha soportado horas de trabajo impensables, con jornadas extenuantes en muchos casos sin medidas de protección, conllevando una carga asistencial y psicológica que a día de hoy todavía sigue estando presente”.

En este sentido, señala que durante 2020 y 2021 estos trabajadores “han tenido sus salarios congelados y unas condiciones laborales trasnochadas por la falta de negociación”.

“Ahora que les corresponde según su convenio colectivo, el VII Convenio Estatal firmado en solitario por CCOO, un incremento salarial del 6,5 %, lo mismo que el IPC real del año anterior, las organizaciones empresariales se lo niegan”, ha criticado CCOO.

Otras mejoras

Desde este sindicato siguen planteando “la necesidad de implantar mejoras en otros apartados del convenio como las compensaciones en situaciones de IT o reducciones en el cómputo de la jornada, manifestándose por las Patronales una oposición a la primera de las reivindicaciones y vinculando la segunda al coste total económico que representa”.

Asimismo, anuncia que se va a solicitar “una disposición transitoria en la que se recoja que aquellas personas trabajadoras que concluyesen su relación laboral antes de la fecha citada, deberían de percibir en las pertinentes liquidaciones las diferencias entre las subidas reales que les correspondería de haberse aplicado el incremento de 6.5 %”.

CCOO ha recordado que en mayo de 2021 se presentó un Anteproyecto de Ley Reguladora del Modelo de Atención Residencial para cuidados de larga duración en Castilla y León, constituyéndose una mesa de diálogo por parte de las patronales y los sindicatos que “a fecha de hoy esa mesa de diálogo sigue bloqueada y sin negociación”.