La Junta de Gobierno de la institución provincial lo ha aprobado después de que recibiera el visto bueno por parte de la Mesa de Negociación general conjunta y por parte de la Comisión de Recursos Humanos. “Sin ningún voto en contra, ni por parte de la representación sindical de la representación política”, ha destacado el portavoz del equipo de Gobierno, Juan Carlos Sánchez Mesón.

“Queda el paso definitivo antes del plazo marcado del 1 de junio”, siendo el siguiente paso el de “convocar todas esas plazas antes del 31 de este año, y que luego todos los procesos de estabilización estén conclusos antes del 31 de diciembre de 2024”, ha explicado.

Las plazas a estabilizar son tanto de personal laboral, que pasarán a laboral fijo, como de los funcionarios interinos, que se convertirán en funcionarios con plaza en propiedad. “También se ha tenido en cuenta, una vez que se concretaron las plazas, que se consideran estructurales para su estabilización, pues el sistema de estabilización figura en la propia ley”, según Sánchez Mesón.

En la mayor parte de de los casos, entre el 85 y el 90%, el acceso a las plazas se llevará a cabo mediante el sistema de concurso, y en el resto de los casos por concurso-oposición.

El número de plazas a estabilizar no incluye la contratación temporal “que siempre se produce en el período estival y por contrataciones por otras subvenciones”.

Según el equipo de Gobierno, este proceso es “positivo para la Administración pública en cuanto” que afecta a trabajadores que “llevan trabajando mucho tiempo y haciendo una función que incluso se podría considerar específica”. Esta situación no implica que vaya a haber un incremento de plantilla, según Sánchez Mesón.

La ley de estabilización de empleo temporal obliga a las administraciones a no tener, desde 2024, más del 8% de personal temporal.