Las siete vacantes existían desde 2019, pero ahora se han convocado cuatro y se han dejado caducar las tres restantes a pesar de la insistencia de este sindicato.

Para el SppmCyL, el equipo de Gobierno municipal, y en especial Budiño, demuestran “falta de falta de rigor y transparencia”, al dejar que caducasen y no convocar tres de las plazas de la Oferta de Empleo Público de 2019 para, “a su vez, aprovechar la existencia de dichas vacantes para nombrar a dedo nuevamente a quien le interesa para cubrir provisionalmente dichas plazas”.

Según explican, “tras haber mantenido en el cargo a tres oficiales interinos durante dos años, nombrados a dedo y a pesar de existir una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que declaraba ilegal tal nombramiento, el equipo de Gobierno no sólo no ha cesado a los mismos, sino que los ha mantenido en el puesto durante cinco meses más desde que se declaró judicialmente dicha ilegalidad hasta que el 29 de abril, han vuelto a ser nombrados nuevamente en dicho cargo por voluntad del propio equipo de Gobierno y del jefe de la Policía Local de Ávila”.

Nombramientos ilegales

Según el Sindicato Profesional de Policías Municipales de Castilla y León, a pesar de una sentencia que declara ilegal dichos nombramientos, el teniente de alcalde de Presidencia, Interior y Cultura, José Ramón Budiño, ha hecho “caso omiso” manteniendo en el puesto a dichos tres oficiales durante cinco meses hasta que, tras celebrarse la oposición, uno de ellos ha sacado legalmente su plaza, y “los otros dos han empalmado su nombramiento ilegal con otro nuevo nombramiento en los mismos términos ilegales que el declarado por los tribunales y bajo argumentos que fueron expresamente desestimados” por la sentencia, y “tenidos en cuenta para declarar la ilegalidad del proceder del Ayuntamiento”.

El sindicato, que volverá a ejercitar acciones judiciales de orden contencioso-administrativo o incluso penal, critica  la actuación de Budiño, ya que además de sacar sólo cuatro de las siete plazas “con argumentos absurdos” y unas bases de oposición que “tuvieron que ser recurridas y modificadas”, y que “se recusase y fuese separado un miembro del tribunal calificador”.

El nuevo nombramiento mediante decreto es arbitrario nuevo con un nombramiento mediante decretazo, de forma totalmente arbitraria y argumentado “motivos de urgente necesidad que son falsos y que no concurrían en el momento del nuevo nombramiento, ya que alguno de ellos ya fue descartado y tenido en cuenta por la sentencia firme de dicho tribunal para declarar ilegal el nombramiento”.

El Sindicato Profesional de Policías Municipales de Castilla y León acusa de llevar a cabo una política de personal “donde solo importa el fin, sin importar los medios a emplear”,  y don de “si a alguien no le gusta, tiene los juzgados y tribunales que paga el Ayuntamiento. y ya se verá si luego cumplen la sentencia".