Miguel Hernández y Soraya Blázquez consideran que "los cambios en las tendencias de consumo y la escasez de apoyos por parte de la Aministración regional pone en riesgo la viabilidad del comercio de proximidad, clave para el medio rural y la economía y el empleo de Ávila", de ahí que hayan expresado su "compromiso" con este sector.

Y ello, teniendo en cuenta que el comercio "ha sufrido, especialmente, las consecuencias de la crisis derivada de la pandemia”, de ahí que hayan instado el nuevo Ejecutivo autonómico a que “no dilate más" la puesta en marcha del Plan de Comercio, cuya presentación "fue interrumpida por el adelanto electoral" el pasado mes de diciembre.

Desde su punto de vista, resulta "urgente" establecer "un paquete de ayudas directas" a un sector que "lleva más de dos años acumulando descenso en sus cifras de negocio”.

“La actual coyuntura económica hace necesaria la decisiva apuesta de las administraciones por salvar al comercio de Castilla y León. Es vital para la economía de la región y de una provincia como la nuestra, donde el sector servicios supone buena parte del sustento económico de muchas familias”, han argumentado.

Para los procuradores resultan necesarias las "ayudas directas para minimizar el impacto de la crisis en los negocios y para impulsar la modernización del sector y el fomento del consump".