El Consistorio “es el responsable de que los autobuses circulen y sirvan a los ciudadanos en las mejores circunstancias”, y creen que “si ha decidido encargar de esa prestación a una empresa para que esta obtenga los beneficios económicos de ese servicio público, tiene la obligación de que se solucione de manera inmediata el conflicto”.

Piden, por tanto, que intervenga “como mediador en calidad de responsable último y actuar de manera eficiente en la regularización de ese servicio”.

En IU dicen ser partidarios de la “remunicipalización” del servicio, pero si el Ayuntamiento sigue optando por la privatización, consideran que debe “actuar rápidamente y resuelva la adjudicación en condiciones favorables a los trabajadores y los usuarios del servicio público.

Argumentan que “la movilidad urbana está reconocida tácitamente como un servicio público esencial”, que debe ser gestionado por la Administración pública. Y detallan que “la base del  conflicto es salarial es que los sueldos y revisiones salariales están muy alejados de lo necesario, la reivindicación de horarios con cinco horas superior a la media regional, y de seguridad, de los propios trabajadores y de los pasajeros, dada la antigüedad de algunos autobuses”.

Según IU, que los empleados del servicio público “tengan que negociar con una empresa privada y no con el Ayuntamiento “es una decisión que algunos políticos, en su momento, decidieron y otros mantienen por comodidad y por ideología privatizadora”. Y critican que las reivindicaciones justas de los trabajadores “no son atendidas por la empresa escudándose tras las dudas sobre la adjudicación definitiva del contrato que el Ayuntamiento no aclara”.

La tercera jornada de paros tendrá lugar el lunes tras la falta de acuerdo en la reunión del viernes entre Avansa y los delegados sindicales.