En la resolución del Comité Constituyente de esta organización sindical, que expresa su solidaridad con los trabajadores de la empresa que presta el servicio de transporte urbano colectivo en la capital, hace referencia a las negociaciones que están en marcha para “adaptar los convenios colectivos a la reforma laboral del 2022”.

En este sentido, recuerda que dicha reforma modifica aspectos “tan importantes” como los tipos de contratos, la prevalencia de los convenios sectoriales o la ultraactividad.

“Bajo esos parámetros económicos de reforma laboral”, patronal y sindicatos negocian actualmente los convenios colectivos en el ámbito del transporte de mercancías por carretera, que lleva vencido desde el 31 de diciembre de 2018; en el del comercio, vencido desde el mismo día de 2019; en el de limpieza de edificios y locales, caducado desde el último día de 21, al igual que el de hostelería.

De las negociaciones de todos ellos dependen un total de 6.000 trabajadores abulenses, tal y como destaca este sindicato, cuyos responsables reconocen que la negociación “no está siendo fácil”. 

“La resistencia de las empresas a mejorar las condiciones socio económicas de los convenios de Ávila es injusta y cruel después de los esfuerzos y riegos asumidos, ejemplar y abnegadamente, por los trabajadores de estos colectivos durante la pandemia del Covid-19”, señala FeSMC-UGT.

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Desde su punto de vista es injusta porque Ávila es “la provincia que ocupa, sistemáticamente, los últimos puestos del ranking de salarios autonómico y nacional”, debido a un cuerpo empresarial “arcaico y cortoplacista, salvo honrosas excepciones”. Y "cruel", porque “condena a los trabajadores a la precariedad más absoluta”, según esta organización sindical.

Inflación

En este sentido, la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de Ávila (FeSMC-UGT) hace referencia al hecho de que “la escalada imparable de la inflación ha desatado la alerta sindical en un momento delicadísimo”, lo que es visto con “preocupación” por parte de UGT.

Al respecto, este sindicato advierte de que no firmará nuevos convenios que “no incorporen cláusulas de revisión obligatorias y generalizadas que protejan la capacidad adquisitiva de los trabajadores ante el incremento desmesurado de la cesta de la compra”. 

Por ello, apunta que “esta será “la principal línea roja” en las negociaciones que se desarrollan en este momento, junto con “las actualizaciones de tabla salariales que deben acomodarse a la evolución del salario mínimo interprofesional".

FeSMC-UGT afirma que “en un ejercicio de responsabilidad”, asume que “no se puede trasladar la inflación actual, superior al 7% a la revisión de los salarios”, pero precisa que tampoco puede “consentir” la pérdida del poder adquisitivo de los mismos.

Por ello, su apuesta por las cláusulas de garantía salarial, cuyo objetivo principal consiste en “facilitar que si este 2022 se cierra un aumento salarial muy por debajo de la inflación, se pueda reconducir en 2023 y 2024, para acercar las alzas salariales al aumento de los precios”. 

No se trata de una revisión automática en función al IPC, sino que presentan un "componente plurianual", de manera que se utilizaría como referencia para revisar los sueldos “un periodo superior a un año y, por lo tanto, no habría un traslado directo de los picos inflacionarios a los salarios”.