El juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Ávila ha contado con tres testigos (el secretario de la organización, el vocal y el vicepresidente), así como dos peritos que analizaron los balances de la cooperativa, pues ambos acusados habían alterado las cuentas “incrementando las cantidades del precio que debía abonarse” a la comunidad de bienes Hermanos Muñoz Martín, propiedad del procesado y de su hermano, que a su vez es pareja de la empleada.

De enero de 2006 a mayo de 2011, tiempo en el que el acusado ocupaba el puesto de presidente de la cooperativa, ambos procedieron a aumentar las cifras con los conceptos de “proteína, Bact, Somat y cantidad”, proporcionando a la comunidad de bienes mencionada un beneficio de 19.907,69 euros a lo largo de los cinco años. Por todo ello, el Ministerio Fiscal solicita una pena de tres años de prisión por un delito continuado de apropiación indebida del artículo 252 del Código Penal (correspondiente al momento de los hechos).

Según reflejaba el primero de los peritos, el precio base de la leche se les pagaba a todos por igual. La diferencia estaba en las bonificaciones y en la calidad de este producto de cada uno de ellos, que en el caso de la comunidad de bienes del, por aquel entonces, presidente de la cooperativa, el incremento en los conceptos mencionados era algo recurrente durante “varios periodos”.

Plena confianza 

Esta forma de facturar “no se hablaba en las reuniones” de los cooperativistas porque tenían “confianza plena en ellos”, según ha señalado el vocal que ha testificado durante el juicio. Quizás por esta razón, la acusada trabajaba desde su domicilio con “parte de la documentación” para poder realizar sus labores administrativas. “Han podido mirar todo lo que querían, en mi casa solo tenía lo del trimestre (…) En la oficina no podía trabajar porque no tenía internet, ni tenía nada. De hecho, se quejaron de que ponía la calefacción y gastaba mucha luz, por eso, decidí trabajar desde casa”, explicaba la procesada.

Sobre los trabajos administrativos que ella misma realizaba, la acusada confesaba que seguía el modelo de su predecesora y que nadie le dijo “que estaba haciendo mal su trabajo” en aquel momento. Además, ha explicado que ella “no tenía ningún poder de decisión” y que todas las tareas que realizaba las hacía por órdenes del secretario de la cooperativa, quien lo negó todo.  “Yo no podía preguntar ni hacer nada, mi oficio era solo hacer lo que se me decía – ha apuntado la administrativa - Está todo declarado y estaban todos de acuerdo hasta que les dijeron que les habían estafado y que les iban a dar dinero, entonces la cosa cambio”.

Con la dimisión del presidente por problemas de salud, la junta de la cooperativa echó a la empleada y la tuvieron que indemnizar por despido improcedente: “me sentí intimidada porque me empezaron a preguntar cosas que no tenían sentido y a acosar”.

“Dábamos por hecho que funcionaba todo correctamente”, explicaba el vicepresidente de la cooperativa, que coincidía con los otros dos testigos en que nunca miraron las cuentas hasta la marcha de los procesados. Y es que, los socios y miembros de la cooperativa no podían acceder a los extractos bancarios porque era solo el presidente quién podía revisarlos y tan solo recibían su factura personal, desconociendo el beneficio de los otros productores.

Gastos injustificados

Además, la acusación particular va más allá de esas variaciones en los importes pagados y añade que, ambos acusados, realizaron transferencias o retiradas de dinero “sin causa justificada”, la mayoría de ellas en números redondos de tres cifras, terminados en 0 o 5 “sin decimales de céntimos”, cuyas anotaciones en cuenta figuran como “gastos varios, administrativos, reintegro caja, asamblea, reunión…”, cuya suma ascendería a 58.688,02 euros. Un hecho que ambos peritos han constatado, pero que no han podido afirmar que se tratará de un delito de estafa ya que “en ocasiones existen gastos sin justificación” que quedan reflejados en la cuenta 629 del programa de contabilidad.

El acusado y expresidente alegaba que a veces se retiraba dinero para una comida o una reunión y que en el caso de que sobrará se quedaban con ello para pagar otra cosa de la cooperativa, mientras que si faltaba dinero lo ponía él de su bolsillo. La empleada, por su parte, justificó los gastos administrativos en la gasolina, las facturas del teléfono móvil (ya que era el suyo privado el que utilizaba para trabajar) o material de oficina.

Sobre las actas de las reuniones de la entidad, el secretario ha explicado que redactaba un documento con los problemas de la corporativa y que la empleada procesada era la encargada de reflejarlo, sin embargo, en los libros no aparece nada: “yo hacía un borrador y ella lo escribía, quedamos en eso”.

Pena tres años

En las conclusiones al final de la vista oral, el Ministerio Fiscal no ha modificado su pena y ha solicitado tres años de prisión y accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y abono de las costas procesales para el expresidente y su cuñada. Por su parte, la acusación particular se ha adherido a esta solicitud, además, ha aludido a los 10 años que lleva el procedimiento abierto, por el cual, “si se concreta que no ha habido ningún tipo de intervención por parte de los acusados para retardar la instrucción del procedimiento se podrá reducir la gravedad de la pena para compensar el tiempo transcurrido que no deja de ser una cierta pena para aquellos que los sufren”, tal y como ha explicado el fiscal, Javier Rojo.

Por su parte, la defensa se ha mostrado disconforme con la pena, tanto del Ministerio Fiscal como de la acusación particular, y ha solicitado la absolución libre de sus defendidos.