La central sindical más representativa en las Administraciones públicas y el sindicato mayoritario en la Policía Nacional han protestado por los recortes sanitarios que han sufrido los cuadros médicos y centros sanitarios en las diferentes mutuas de funcionarios del Estado (Muface), de la Justicia (Mugeju) y de las Fuerzas Armadas (Isfas).

También estudian acciones jurídicas “ante el incumplimiento de la continuidad asistencial que establecen los conciertos y protestas para revertir esta situación donde se está mermando el derecho a la asistencia sanitaria de este personal, como consecuencia de la infrafinanciación por parte del Estado”.

A lo largo del último mes, estas organizaciones han constatado que “el 50% de los funcionarios han sufrido recortes sin previo aviso, han dejado de recibir asistencia por sus médicos habituales o han sufrido incidencias relacionadas con su asistencia sanitaria”. Asimismo, un 14% ha visto limitado el acceso a su hospital habitual y le han propuesto que pague por una consulta médica o por continuar recibiendo un tratamiento.

En la misma línea, el 25% de los encuestados asegura que le han limitado las pruebas para detección de la Covid.

Menos atención

Las situaciones más recurrentes son la pérdida de médicos y especialidades en localidades que implican el incremento de las listas de espera y el desplazamiento a otra ciudad para recibir atención. Los ámbitos y especialidades más citadas son Atención Primaria, Dermatología, Digestivo, Psicología, Fisioterapia, Traumatología, Analítica, Pediatría o las urgencias durante los fines de semana.

También se han recibido quejas de pacientes oncológicos que, “a partir de ahora, en muchos casos, y sin previo aviso, no podrán ir a sus revisiones médicas en sus centros habituales”. En muchos casos “después de años siendo tratados por el mismo equipo médico, tienen que buscarse otras alternativas, con las incertidumbres que generan este tipo de cambios en el seguimiento de su enfermedad”, cuando tienen la obligación  de la continuidad asistencial.

CSIF y Jupol exigen a las mutuas que “asuman su responsabilidad e informen con transparencia sobre las personas afectadas por estos recortes”, y reclaman que se amplíe el plazo para poder cambiar de aseguradora sanitaria y que, “a la vista de las limitaciones presupuestarias, valoren la posibilidad de modificar el concierto para que los mutualistas reciban una prestación asistencial adecuada”.

Los recortes tienen lugar tras la firma del concierto sanitario 2022-2024 en diciembre entre Muface y las aseguradoras sanitarias. Los sindicatos advirtieron entonces que estarían vigilantes ante posibles reducciones en los cuadros médicos y en la calidad en la asistencia, “dado que el Gobierno no ha revertido en el concierto los gastos extra afrontados durante la pandemia, como sí se ha hecho en el caso de las comunidades autónomas”.