Con casi media hora de retraso, el procedimiento judicial arrancaba con un hecho poco común: la acusación particular no se había presentado en la sala y tampoco había solicitado participar de forma telemática. El fiscal, Javier Rojo, ha expresado su desconocimiento de la "ausencia y la indecisión” del letrado de la acusación, y solicitaba al tribunal una nueva fecha para la celebración de dicho juicio.

Tras escuchar a la defensa del acusado, que se mostraba de acuerdo con el Ministerio Fiscal, el tribunal ha informado sobre la suspensión de la vista oral, debido a “la obligatoriedad de la presencialidad tanto del acusado como de cada una de las partes procesales” y calificaba de “injustificable” la ausencia del letrado.

Solicitudes

El Ministerio Fiscal solicitaba una pena de cuatro años y seis meses de prisión, así como la prohibición de acercamiento y de comunicación a través de cualquier medio o procedimiento con la víctima de los tocamientos durante un plazo de seis años y una distancia de 300 metros, la incapacidad especial para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores por un tiempo superior a cinco años al de la pena de prisión impuesta por la sentencia y la inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Además de la medida de libertad vigilada por una duración de cinco años a cumplir después de la pena privativas de libertad que se le impusieran, teniendo la obligación de comunicar en un plazo máximo de siete días los posibles cambios de residencia y una indemnización a la menor de 6.000 euros por los daños morales causados.

En el escrito de la acusación particular se solicitaba una pena de seis años de prisión para el acusado, así como la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 500 metros de su domicilio, colegio y lugar donde se halle por un plazo de diez años, así como un aumento de la multa por daños morales llegando a alcanzar los 60.000 euros. Por su parte, la defensa del procesado no se mostraba conforme con los escritos de la acusación ni con el Ministerio Fiscal y pedía la libre absolución de su representado, con las consecuencias legales inherentes al pronunciamiento invocado.

Con la ausencia del letrado que representaba a la víctima, el juicio queda pendiente de la confirmación de una nueva fecha.