Por ello, la institución autonómica ha solicitado a la Administración autonómica que deniegue la autorización ambiental solicitada por la empresa Nilasa SA para la ampliación de una macrogranja porcina, dado el impacto que el vertido de los purines puede tener sobre el estado del acuífero de los Arenales.

El 12 de diciembre de 2019 se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) el anuncio de información pública relativa a la solicitud de la autorización ambiental y al estudio de impacto ambiental del proyecto de ampliación de una explotación porcina de cebo en la parcela 582 del polígono 9 en Espinosa de los Caballeros. 

Entre otros organismos y particulares, la asociación La Alhóndiga. de Arévalo, presentó alegaciones en enero de 2020 y, además, dirigió una queja al defensor del Pueblo de Castilla y León por entender que la macrogranja “podría representar un peligro para el acuífero y para el agua potable, al encontrarse muy próxima al río Adaja, donde se encuentra la captación de agua potable para Arévalo y 13 localidades más”. El 17 de marzo de 2020 fue aceptada la queja y finalmente el pasado 16 de febrero emitió una resolución contraria a la ampliación de la macrogranja. 

Impacto desfavorable

La resolución señala que “en el caso de que se mantenga el contenido de los informes elaborados el 29 de septiembre y el 7 de octubre de 2020 por la Confederación Hidrográfica del Duero, el órgano competente de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente debería aprobar una declaración de impacto ambiental desfavorable al proyecto de ampliación de la explotación porcina”.

Y ello, “dado el impacto que el vertido de los purines puede tener sobre el estado del acuífero de ‘Arenales (ZV-AR)’, declarado zona vulnerable a la contaminación por nitratos por el Decreto 5/2020, de 25 de junio, por el que se designan las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero, y se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias”.

“De acuerdo con lo previsto en el artículo 17.1 d) de la revisión del Plan Hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica de la cuenca del Duero, aprobado mediante Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, el órgano competente de esa consejería debería acordar igualmente la denegación la autorización ambiental solicitada, en el supuesto de que se mantenga la oposición de la Mancomunidad del Agua ‘Los Arenales´", como órgano competente en materia de abastecimiento de agua potable”, señala el Procurador del Común.

Y ello, teniendo en cuenta el “incremento de la actividad ganadera existente, de 2.000 a 7.200 plazas, dados los riesgos de contaminación que supone su proximidad al punto de captación del agua -145 metros- y a la Estación para el Tratamiento del Agua Potable -275 metros-“.

Cerca del río Adaja

Asimismo, señala que “no se permita por la Administración autonómica la ubicación de esta explotación porcina en la zona de policía del río Adaja, tal como advierte la Confederación Hidrográfica del Duero en sus informes”. 

Además, en el ejercicio de las potestades atribuidas a la Consejería de Medio Ambiente por el artículo 66 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, “se lleven a cabo las labores de inspección y control pertinentes para garantizar que el número de cabezas de ganado porcino existente en la actualidad en las naves ganaderas ya construidas se adecúa al autorizado en la licencia ambiental concedida por resolución de la Alcaldía de 23 de enero de 2018”. 

Por ello, el Procurador del Común considera que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente debería emitir una declaración negativa a la ampliación de la macrogranja y realizar controles periódicos para comprobar que el número de cabezas no exceda de las 2.000 permitidas por el Ayuntamiento de Espinosa de los Caballeros.

La Alhóndiga ha agradecido tanto a la Confederación Hidrográfica del Duero como a la oficina del Procurador del Común, sus informes y su trabajo que “dan como fruto esta resolución negativa, pero muy positiva para los intereses de Arévalo y su comarca”.  “Esperemos que en el plazo establecido, la Junta de Castilla y León conteste, acatando esta resolución y emitiendo una declaración desfavorable para la ampliación de la macrogranja”, concluye.