En este sentido, señala que como consecuencia de las medidas adoptadas par evitar posibles contagios por la Covid-19, no se impartieron clases presenciales del 4 al 21 de febrero, pese a lo cual esos días también fueron descontados de las nóminas de los alumnos de la escala básica.

Al respecto, Jupol sostiene que la DGP les cobró 383,45 euros de los 700 de la nómina que corresponde a cada alumno "por unos servicios no prestados". Se trata de futuros agentes de la promoción XXXVII de la escala básica, integrada por 2.366 miembros, que no en todos los casos viven en las instalaciones policiales.

Según los cálculos realizados por el sindicato policial, los gastos de manutención correspondientes a los 16 días en los que los alumnos no estuvieron en el centro, ascenderían a 197 euros que no deberían haber sido cobrados a los alumnos, lo que supondría un total de 468.000 euros.

Agravio económico

Para Jupol, este cobro supone "un importante agravio económico para los alumnos", teniendo en cuenta que "no se les cubrió en ningún caso los gastos de traslado" y tuvieron que costearse sus gastos en sus propios domicilios.

El sindicato policial asegura que esta circunstancia ya fue "advertida" tras adoptarse la decisión de enviar a los alumnos a sus casas, manifestando al jefe de servicio de Régimen Interior la situación económica que les afectaría. Al respecto, afirma que su interlocutor les aseguró que se trataba de "un problema de logística debido a la urgencia de la situación sanitaria", pero que "se subsanaría y se les devolvería el dinero".

Sin embargo, los afectados, durante la Junta de Alumnos del 7 de marzo, recibieron otra información según la cual deberían "costear el 100% de la manutención, a pesar de no estar durante esos 16 días en las instalaciones abulenses". Ante esta situación, el sindicato estudia las "posibles acciones" a adoptar para "evitar que se produzca este agravio económico" a los alumnos.