La devolución es consecuencia de la implantación del Suministro Inmediato de Información (SII), aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy. La orden establece la forma de pago y el importe correspondiente, de acuerdo a los Presupuestos Generales del Estado de 2022, donde se consigna una partida presupuestaria específica para esta circunstancia, destinada tanto a Comunidades autónomas como a entidades locales.

En el caso de la Orden de Entidades Locales, se establece el importe de la compensación, así como el de los intereses legales, de forma que, en Castilla y León, el total que percibirán las Administraciones Locales afectadas, intereses incluidos, se cifra en 31,4 millones de euros. En la provincia de Ávila son 2.177.626,28 euros.

La compensación se hará efectiva el 31 de marzo. De esa cantidad, 1,4 millones corresponden a la Diputación, 349.633,23 euros llegarán al Ayuntamiento de Ávila, y 404.222 van destinados a todos los consistorios de la provincia. Estas cantidades corresponden a las compensaciones y a los intereses devengados desde el 7 de febrero de 2020 al 31 de marzo de este año.

La cuantía correspondiente a cada una de las entidades se ha publicado en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales, en la página web del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

La normativa publicada indica que, una vez efectuadas las transferencias a las entidades locales, si éstas no reintegran el importe ingresado en el plazo de dos meses, se considerará aceptada la compensación.

La orden contempla, asimismo, que los ayuntamientos que hayan iniciado una reclamación judicial tendrán de plazo hasta el 28 de febrero para emitir un certificado que incluya un acuerdo del pleno municipal de desistimiento del procedimiento abierto y enviarlo al Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Por otra parte, el Ministerio de Hacienda y Función Pública tiene previsto aprobar en breve la Orden de compensación por este concepto a las comunidades autónomas, que recibirán las cantidades en el primer trimestre de este año.

El problema generado en el cobro del IVA por el anterior Gobierno al aplicar el SII provocó efectos en la liquidación de la participación de las entidades locales en los tributos del Estado de 2017, que se llevó a cabo en 2019 y les supuso la percepción de un importe menor de recursos de los que les habrían correspondido.