Cuestiones como su deseo de derogar la ley contra la violencia de género, sustituyéndola por una ley de violencia intrafamiliar gestionada desde un ministerio de nueva creación, el Ministerio de la Familia, que vendría a cubrir dentro del espacio público al actual Ministerio de Igualdad, nos ofrecen una clara imagen de la forma en la que estos grupos políticos pretenden posicionarse, así como de la forma en que pretenden ejercer el control sobre la vida de las mujeres españolas. Pensemos, que ya no solo pretenden dominarnos a través de toda esa serie de imposiciones y discriminaciones que en nuestras sociedades aún patriarcales se acaban convirtiendo en violencias de género de distinto tipo, ahora también y de forma explicita pretenden hacerlo a través de los órganos de gobierno y las administraciones públicas.

Su pretensión concreta parece ser la de arrebatándonos derechos como el del aborto libre y seguro, todas las garantías legales y jurídicas adquiridas con esfuerzo ante los procesos de violencia de género y las violencias sexuales, además de encargarse de recordarnos cuál es el único modelo válido de familia y maternidad,  coartando nuestras libertades a este respecto mientras pretenden premiar de forma económica a las familias que sí se ajusten a ese modelo, sin preocuparse por priorizar las necesidades económicas de los grupos de población más excluidos, marginados y afectados por problemas socioeconómicos.

Si nos paramos a pensar en como podría afectar esta adquisición de poder por parte de estos grupos a las usuarias de nuestros programas dentro de la asociación de asistencia a víctimas de violencia de género de Ávila o de otros programas que trabajan en pos de la igualdad de género, una de nuestras grandes preocupaciones podría centrarse en el claro interés que estas organizaciones muestran en torno a la supresión de asociaciones como la nuestra, siempre bajo el lema de la inexistencia de la violencia de género y las desigualdades estructurales del sistema. También nos preocuparía y mucho, la falta de recursos de asistencia con que contaríamos dentro del espacio público para poder trabajar en red en favor de estas mujeres como ahora lo hacemos, aun con muchas carencias. 

Cuando señalan que son el grupo político que más defiende y más se preocupa por las mujeres, temblamos al pensar que para este grupo político esa protección se traduce en condenas de carácter permanente, que solo reclaman para casos en los que los supuestos asesinos no mantenían o no habían mantenido una relación de ningún tipo con la victima. 

Mientras, pretenden desmantelar todo el sistema de protección a las mujeres que con tanto esfuerzo se ha ido construyendo a lo largo de los años y culpabilizar de todo hecho delictivo, también de las violencias sexuales, las tramas de abuso de menores y toda violencia posible contra las mujeres a los colectivos de personas migrantes, vertiendo sobre ellos toda clase de acusaciones infundadas basadas en datos falsos. Con este tipo de iniciativas lo que intentan es negar la realidad sobre la existencia de esta lacra social, perpetrada en la mayoría de los casos por personas nacidas en nuestro país y contar con un motivo más para excluir a estas poblaciones, revictimizando con ello a las mujeres que las componen.

Nunca antes desde que vivimos en democracia, hemos sentido como mujeres, militantes feministas y profesionales de la asistencia un escenario político que haya hecho peligrar de forma tan clara nuestros logros en materia de igualdad y nuestra propia seguridad junto con la de toda la población, porque no olvidemos que todo lo conseguido en materia de igualdad siempre es un beneficio para el conjunto de la sociedad. Por todo ello, queremos invitar a la población de nuestra comunidad autónoma y muy en especial a las mujeres que la componen a realizar reflexiones profundas sobre la importancia de su voto ante planteamientos políticos que vuelven a hacer peligrar nuestro bienestar, nuestra seguridad y nuestra integridad.