El inicio de la investigación, llevada a cabo por la Guardia Civil, fue en noviembre de 2018, cuando alertaron a los agentes de la posibilidad de que el acusado estuviera traficando con droga en su vivienda, ubicada en la localidad de Santa Cruz del Valle.

Fue entonces cuando los agentes desplegaron el operativo de la conocida como operación Déjà vu y comenzaron a hacer varias vigilancias en la vivienda del acusado. Eso sí, desde la lejanía, pues como explicaron los agentes de la Guardia Civil durante el juicio, la casa del procesado se encontraba en una zona retirada de otros hogares y tan solo se encontraba una nave de ganado cerca.

19 vehículos en cuatro horas

Por esta razón, rápidamente dedujeron que el trasiego de vehículos en la zona, que pudieron comprobar durante varias vigilancias, podría estar relacionado con el tráfico de drogas. Estas observaciones se realizaron hasta en cuatro ocasiones, llegando a contabilizar hasta 19 vehículos en apenas cuatro horas en una de ellas. Además, los agentes pudieron comprobar que, gracias a la matrícula de un coche, se trataba de una persona relacionada con el consumo de este tipo de sustancias.

“Para ser una zona aislada había bastante actividad. Se trataban de visitas breves. Todo hacía presagiar que se trataba de un punto de venta de droga”, testificaba uno de los agentes. Por ello, la Guardia Civil decidió seguir al acusado durante uno de sus desplazamientos, concretamente el 9 de enero de 2018.

La bolsa en la manga de la chaqueta

En ese viaje, los agentes comprobaron que se dirigía hacia Talavera de la Reina (Toledo), zona donde suelen acudir los “pequeños camellos” del Valle del Tiétar “para hacer acopio”, tal y como explicaron durante el juicio.“Paró (el procesado) en un mesón próximo a la carretera N-502 y se entrevistó con una mujer en el exterior del establecimiento y entraron en el local. Posteriormente, se separaron y la señora se dirigió a Talavera de la Reina, mientras que el acusado tomó la dirección de Arenas de San Pedro”, ha afirmado uno de los agentes.

Tras su visita al mesón, el acusado fue sorprendido por la Guardia Civil en el cruce de la N-502 con la CL-501, con 32 gramos de cocaína de una pureza del 72% y una papelina de un gramo, todo ello valorado en 2.581,88 euros en un “doble fondo” de la manga de la chaqueta. Además, también encontraron 1.385 euros en efectivo.

Siete datos fundamentales

Al conocer los testimonios de los agentes, el Ministerio Fiscal tenía claro que se trataba de un delito contra la salud pública y se basaba en siete datos fundamentales: la cantidad (32 gramos), que cuadriplicaba la cifra que se considera de autoconsumo; en segundo lugar, el grado de pureza de la misma (72% en la bolsa y un 84% en la papelina) esto, normalmente, está destinado a ser partida y mezclada a la hora de su distribución a terceras personas.

La situación de la droga, es decir, el ocultamiento de la misma, también hace prever que no estaba destinada para el consumo propio, al encontrarse en un doble fondo de la manga de la chaqueta, el cuarto criterio sería la cuestión económica, pues el acusado no había acreditado ninguna actividad laboral. Precisamente, el quinto elemento es el dinero del que disponía el procesado para pagar dicha sustancia y el efectivo que llevaba en el vehículo durante su detención.

En sexto lugar, la Fiscalía consideraba como dato fundamental las vigilancias llevadas a cabo por la Guardia Civil en la vivienda del acusado, y por último, este hombre había sido condenado por unos hechos posteriores. Y es que, la Guardia Civil detuvo al acusado, tres meses después, con 50 gramos de cocaína, un hecho por el que fue juzgado y por el que solicitaron una pena de dos años de prisión, la cual, se encuentra, en estos momentos, suspendida.

La defensa del acusado, por su parte, se muestra disconforme con la pena solicitada por el Ministerio Fiscal y asegura que la droga incautada era para el “consumo propio” y que no se habían tenido en cuenta análisis en el cabello u otro tipo de pruebas para comprobarlo.