Según la Sección Sindical de CCOO, el alto tribunal señala infracciones por parte del Consistorio "contra el Estatuto Básico del Empleado Público y los principios constitucionales de igualdad, mérito capacidad, concurrencia y publicidad".

El TSJ dice al Ayuntamiento de Ávila que para la provisión de dichas plazas "debe proceder conforme a lo que está establecido por la ley y que no es admisible el argumento de 'urgente necesidad'", como según el sindicato ha alegado el Consistorio abulense.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCyL cree que el Ayuntamiento "ha cometido una infracción contra el artículo 81.3 del Estatuto Básico del Empleado Público, al no realizar una previa convocatoria pública de dichas plazas y al haber sido cubiertas al margen de procedimientos legales".

"Se deja transcurrir casi un año y se procede a unos nombramientos que ni se determina con claridad en base a qué figura de provisión se realiza, por lo que si se trataba de una adscripción provisional no se daban los presupuestos legales y si se trataba de una comisión de servicios no se ha procedido a su necesaria publicación",  figura en la sentencia, contra la que cabe recurso.

Principios constitucionales

Para CCOO, el alto tribunal indica en el fallo que el Consistorio de la capital ha incurrido en una "infracción de los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad, concurrencia y publicidad". En su opinión, resulta "muy grave que, una vez más, los tribunales, pongan en evidencia la errática gestión de la plantilla municipal".

"Da la sensación de que el equipo de gobierno de Por Ávila y Ciudadanos prefiere hacer las cosas de cualquier manera, incluso al margen de la ley, generando mal ambiente entre los trabajadores y agravios comparativos en la plantilla, que optar por la vía de la transparencia y la legalidad", sostiene el sindicato.

Comisiones Obreras advierte de que mantendrá "la vigilancia ante lo que parece ser una costumbre en el Ayuntamiento de Ávila", en referencia a la "opacidad, ausencia de negociación con los sindicatos y traslado de la gestión de personal a los tribunales de justicia".