Con las falsas tarjetas podían firmar contratos de trabajo y acceder al carné de conducir. En el arresto se ha intervenido diferente documentación, consiguiendo importante información referente a los autores materiales de las falsificaciones, que posibilitaron nuevas detenciones desarrolladas a nivel nacional.

Con motivo de las investigaciones realizadas, se posibilitaron autorizaciones judiciales para solicitar, a distintos organismos y empresas, la documentación personal aportada por los investigados para formalizar contratos de trabajo y otras gestiones de tipo administrativo, comprobándose que dichas personas habían sido solicitantes de protección internacional (asilo), pero habían dejado de tener esa condición.

Con la investigación se comprobó que las solicitudes de asilo habían sido denegadas y notificadas a los interesados, pues no cumplían con los requisitos establecidos en la Ley 12/2009 que regula la Ley de Asilo y Protección Subsidiaria. Por tanto, ya no contaban con autorización para residir ni permanecer en España, sin embargo, utilizaban las tarjetas falsas, dando apariencia de legalidad y de encontrarse en situación regular intentado burlar así la normativa y así poder formalizar contratos de trabajo y otras gestiones como canjear sus permisos de conducir.

Las tarjetas eran facilitadas para un plazo de medio año y, después, si querían mantener esa apariencia de legalidad, debían contactar de nuevo con los falsificadores para obtener una nueva y supuestamente en vigor.

En algunos casos la organización remitía por correo certificado las nuevas tarjetas a los interesados, pero en ocasiones viajaban a Madrid, donde supuestos abogados les entregaban la tarjeta en la calle, lo que era un cauce inusual y prohibido para obtener el documento, ya que los expedidos en las distintas comisarías, en presencia del interesado, por parte de funcionarios y sin coste alguno.