Denuncian que “son muy numerosos los pueblos de la provincia de Ávila que se están quedando sin oficinas, pero no se quedan sin clientes”, por lo que se trata de “un abuso de poder incuestionable” de “una situación a la que han llevado los propios bancos.

Si se añade a esta “situación abusiva la realidad sociológica de los clientes, mal atendidos y despreciados, con edades muy avanzadas, desconocimiento de los recursos informáticos y de las habilidades necesarias, incapacidad para desplazamientos a varios kilómetros para realizar gestiones y demás situaciones adversas, el abuso antes indicado se convierte en síntoma de insensibilidad social”.

“¿Quién nos protege a los ciudadanos de estos “abusones de la clase?”, se preguntan desde Unidas Podemos, quien lamenta la falta de acciones de la Junta, del Partido Popular y de Alfonso Fernández Mañueco para presionar a las entidades bancarias para que “presten servicios mejorados a los pueblos, a las personas que los mantienen vivos, y a los abuelos y dependientes”.