En estas localidades está proyectada la construcción, puesta en marcha y explotación de una estación de aguas residuales, para la que la Junta de Castilla y León obliga a firmar un convenio con la Sociedad Pública de Medio Ambiente de Castilla y León, por un plazo de 25 años, según explican los socialistas.

Tomás Blanco, secretario general del PSOE, “esta obligatoriedad ya supone un agravio para los municipios implicados, pero lo más sangrante que el Ejecutivo autonómico pretende que los Ayuntamientos aporten el 20 por ciento del importe presupuestado, lo que supone que los vecinos verán repercutidos en sus recibos el coste asumido por sus consistorios”.

Para Blanco, “esta es una muestra más de la escasa preocupación del PP por la provincia de Ávila y un ejemplo de cómo se quiere condenar a los vecinos de las zonas rurales, que verán cómo se incrementa su recibo, sólo en el término fijo por la prestación del servicio en una media de 20 euros al año”.

En opinión de los socialistas, “esto es una injusticia, ya que supone una subida de más del 100 por ciento del precio del agua”.