En la reunión del pleno celebrada en Arévalo, en la que se han aprobado 32 dictámenes, el presidente, Mario Amilivia, ha manifestado que este órgano, del que se ha pedido su supresión para reducir gastos, debería de verse “más reforzado de cara al futuro” mediante una estructura de gestión más racionalizada y “más eficaz”, ya que con sus cuatro consejeros (tres electos, Amilivia, Fernando Rey y Ángel Velasco, más el nato José Constantino Nalda) es “el más reducido de los existentes en el país y, en proporción a sus integrantes, el más activo, como así se refleja año tras año en su memoria de actividad”.

“La mejor expresión del trabajo que realiza la institución” son los 11.674 dictámenes emitidos desde el inicio de sus funciones en 2003, “elaborados con discreción, eficacia y sentido de la responsabilidad, que han contribuido, desde su independencia y objetividad, a dar seguridad jurídica a los ciudadanos y a los responsables públicos”.

Amilivia lo ha resumido como “el control de la legalidad en la acción de gobierno en las distintas instituciones y administraciones, y con ello a la transparencia y mejora de la calidad democrática”.

La reunión se ha celebrado en Arévalo dentro de la ronda por los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes con el objetivo de “acercar el trabajo e instituciones”.

Nuevas competencias
Por otra parte, Amilivia ha explicado las novedades de la reciente entrada en vigor de la Ley 4/2013, de 19 de junio, por la que modifica la organización y funcionamiento de las instituciones propias de Castilla y León.

Se trata de “una ley que refuerza a la institución con nuevas competencias de garantía de control, al asumir, cuando le sea encomendado por la Junta, la elaboración de propuestas legislativas y también al recuperar la competencia para elaborar dictámenes sobre todas aquellas consultas de modificación de los planes urbanísticos cuando tengan por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de las zonas verdes o de los espacios libres previstos”.

Estas competencias se suman a la adquirida hace año y medio del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, que ya ha aprobado 67 resoluciones, algunas de las cuales se correspondieron con recursos frente a contrataciones en la provincia de Ávila, como ha sido el caso este año de la gestión del servicio municipal de aguas del Ayuntamiento de Candeleda.

“A diferencia de otras comunidades, el tribunal realiza su trabajo sin incremento alguno de gasto público”, ha explicado.

También ha destacado que la ley refuerza la autonomía local, ya que las corporaciones locales podrán formular directamente consultas facultativas al Consejo Consultivo.