Se trata de un policía de la Unidad de Protección Aérea y Seguridad, enmarcada dentro del despliegue que la Dirección General de la Policía ha desarrollado en todas las jefaturas superiores en esta materia.

En Ávila hay zonas de la ciudad autorizadas para el vuelo, mientras que en otras está terminantemente prohibido.

La especialización de un agente obedece al incremento que en los últimos años ha experimentado el uso de los drones, lo que “puede suponer un riesgo, tanto para la propia seguridad aérea como para la de los ciudadanos, en lo que concierne a la intimidad,  la propia imagen y la protección de datos de carácter personal”, según se ha indicado desde la Comisaría de Policía.

La Policía aeronáutica se ocupa de que las actividades aeronáuticas privadas y deportivas se desarrollen en condiciones de seguridad, además de velar de forma especial por el control de la utilización de drones en el espacio aéreo de las ciudades y núcleos urbanos.

Entre sus principales misiones, está la de conocer todos los vuelos de drones o aeronaves sin tripulantes (denominadas UAS, del acrónimo en Inglés Unmmaned Aerial Vehicle) que se vayan a realizar en el espacio aéreo dentro de la demarcación de Policía Nacional, lo cual comprende las principales ciudades de la geografía Nacional.

Normativa de seguridad

Estos especialistas se encargarán de que los vuelos con drones se realicen ajustándose a la normativa vigente,  que comprenden las normas de seguridad aérea, extendiéndose este control, tanto a los vuelos  realizados por operadores profesionales, como por particulares o aficionados. 

La nueva unidad pretende “la sensibilización y formación de cultura aérea de los ciudadanos y trabaja junto a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y resto de organismos aeronáuticos”.

Los agentes han sido formados por expertos de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA); AENA; ENAIR; SENASA; la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación Civil (CIAIAC); Ejército del Aire; Ministerio de Defensa; Secretaría de Estado de Seguridad (SES) y la Agencia Española de Protección de Datos, así como diversas unidades de la Policía Nacional.

El incumplimiento de la normativa puede ser objeto de sanción administrativa que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado elevarán ante la autoridad sancionadora, en su caso la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).