El procesado ha sido trasladado a la vista oral esposado y custodiado por dos policías. Sobre las 10:15 de la mañana de este miércoles ha arrancado el juicio oral, en el que le han acusado de un delito contra la salud pública, por lo que han solicitado una pena de cuatro años y seis meses de prisión, además de una multa de 6.000 euros con tres meses de cárcel para el caso de impago como responsabilidad personal subsidiaria. También ha sido acusado de otro delito contra los agentes de la autoridad por el que se han pedido una pena de tres años y seis meses de prisión; y un delito contra la seguridad vial por el que requerían cinco meses de prisión y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo de tres años.En total, más de ocho años de cárcel.

Los hechos ocurrieron cuando las restricciones de movilidad entre comunidades estaban vigentes. De hecho, los agentes de la Guardia Civil que dieron el alto al acusado se encontraban realizando un rutinario control a la altura de El Barraco para comprobar que estas medidas se estaban tomando y que los desplazamientos estaban autorizados por cuestiones sanitarias o de otro tipo.

Fue entonces cuando los agentes pararon en el control al acusado, que, como ha explicado el fiscal de la Audiencia Provincial, Javier Rojo, se mostró en actitud nerviosa y trato de huir acelerando el vehículo, por lo que tuvieron que salir en su persecución. En aquel momento, el procesado arrojó por la ventanilla del coche una bolsa que contenía 29.9 gramos de cocaína.

En un primer momento, la fiscalía solicitaba un delito por tráfico de drogas, otro delito por atentado contras los agentes de la autoridad y otro de seguridad vial. Sin embargo, este último se ha suprimido porque “no estaba basado en un sustento fácil de argumentar ante un tribunal y como consecuencia de la conformidad se han reducido las penas”, asegura el fiscal.

De esta manera, la fiscalía ha pedido para el acusado dos años de cárcel por el delito contra la salud pública y una multa de 3.000 euros con un mes de prisión para el caso de impago como responsabilidad personal subsidiaria, mientras que por el delito a resistencia por desobediencia grave solicita seis meses de multa a tres euros al día con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, así como el abono de los costes procesales.