El sector de la ganadería, y en especial el lácteo, se encuentran en una situación “complicada” y de “ruina total”, así lo han manifestado Jesús Manuel González Palacín, coordinador regional de la Unión de Campesinos de Castilla y León UCCL,  Adoración Martín, responsable del sector lácteo de UCCL.

“A nosotros nos han subido los costes de producción casi un 25% de octubre del año pasado hasta ahora”, asegura Martín. Un incremento que viene derivado a la subida del precio de los piensos y otras materias primas, junto al gasóleo y la electricidad. “Los ganaderos no tenemos ninguna capacidad de negociación ante la industria. Hay un estudio del propio Ministerio que refleja el coste de producción en unos 37 céntimas el litro de leche y lo estamos cobrando a 34, lo tendríamos que estar cobrando en torno a 43 céntimos el litro para que el ganadero pudiera subsistir”, explica.

Negocio abocado al cierre

Con estas condiciones, el sector está “abocado al cierre”. “Si siguen apretando a los ganaderos van a cerrar y cuando quieran leche la vamos a tener que traer de otros sitios sin estar garantizada la calidad, la cantidad, ni el precio”, señala González, que pedía a las cadenas de distribución que “aparcaran las guerras comerciales” y tuvieran más “responsabilidad” con el sector. “Estamos en un momento urgentísimo, si esto sigue así será como un ‘tsunami que se va a llevar a más del 80% de las explotaciones de vacuno de leche en toda España”, denuncia.

El coordinador regional de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) plantea dos opciones: “o le damos a los ganaderos una ayuda pública para que aguanten hasta que vuelva la normalidad de los precios, o conseguimos que la industria y la distribución consigan que los costes de producción se garanticen en los precios de los productos”.

Pero para ello, es necesario “un acuerdo entre las cuatro partes implicadas: el sector productor, las administraciones, la industria y la distribución”.

Un hilo de esperanza

La esperanza para el sector se encuentra en la nueva ley de la cadena alimentaria. Una legislación que, según ha explicado Gemma Marco, directora general de Cadena Alimentaria de la Junta de Castilla y León, “va a dar a luz en breve”.

Las modificaciones que aporta dicha ley han surgido en dos fases, la primera de ellas, aprobada en 2020 a raíz de las movilizaciones del sector. Esta parte cuenta con tres aspectos, uno de ellos elimina las prácticas abusivas, introduciendo una clausura que decía que el precio acordado entre las partes debe cubrir los costes de producción, por otro lado, las actividades promocionales deben evitar las prácticas que banalicen los productos, y por último algunas faltas leves pasarán a ser graves.

La segunda fase de la modificación aun debatiéndose en el Senado, después de que el Congreso aprobará una serie de enmiendas.

Durante la charla ‘Las oportunidades de la Ley de la Cadena de la Alimentación’, los asistentes pudieron escuchar a Gema Hernández, directora de la Agencia de Información y Control Alimentario, conocida como AICA. La oficina se creó en 2012-2013 para “el control y vigilancia de la legislación”. “Es un órgano administrativo que se encarga de mejorar la situación de los operadores y de imponer sanciones”, explica Hernández, quien ha anunciado que una vez aprobada la nueva ley volverá a Ávila para explicar a agricultores y ganaderos sus nuevos derechos.