Blázquez ha defendido este lunes la postura del grupo socialista en la proposición no de ley (PNL) presentada en la Comisión de Familia de las Cortes de Castilla y León, en la que se instaba al Gobierno autonómico a que adoptara las medidas pertinentes para solucionar los retrasos acumulados en los mencionados expedientes.

En este sentido, la procuradora ha subrayado que la PNL se registró el pasado mes de mayo pidiendo una solución a este problema pero lamenta que cinco meses después, "cuando el PP ha tenido a bien tramitarla para su debate en sede parlamentaria, la situación se mantiene igual y no ha mejorado".

Blázquez ha tildado de "surrealista" el panorama que se vive en el citado centro, puesto que, "si bien es verdad que se ha contratado un terapeuta ocupacional para realizar los preceptivos informes de valoración de la discapacidad, resulta que no está facultado para firmar la resolución de los mismos, con lo que las demoras siguen produciéndose sin que desde la Junta se atisbe voluntad política para solucionar el problema".

La procuradora socialista ha recordado que la normativa vigente establece un plazo máximo de tres meses entre la valoración de la discapacidad y la resolución del expediente, pero asegura que dicho plazo "lleva incumpliéndose, al menos, desde hace un año".

Esta situación está provocando el "lógico malestar entre los afectados", ha apuntado Blázquez, antes de expresar su apoyo a los trabajadores del citado centro que, en todo momento, y en especial durante la pandemia, están demostrando su profesionalidad con los recursos que la Junta pone a su disposición.