El Boletín Oficial del Estado del martes ha publicado una orden que modifica el anexo del Real Decreto de 2011 para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) y del Catálogo Español de Especies Amenazadas en la que se incluye el lobo en la relación.

Las organizaciones agrarias han mostrado su “absoluto rechazo” a la decisión del Gobierno, y se lo han hecho saber al delegado del Gobierno, Javier Izquierdo, con quien se han reunido para hablar sobre la declaración catastrófica de la zona afectada por el incendio de Navalacruz.

El delegado del Gobierno ha manifestado que habrá fondos para que los ganaderos “no tengan que cargar” con los daños que ocasionen, ya que la intención es la de la “coexistencia” de la actividad de la ganadería con la protección de la especie, y un “compromiso de equidad de cómo de aborda la gestión del cánido en todo el territorio nacional”.

Izquierdo ha aludido a que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha anunciado que existe una previsión de dotación económica para compensar los daños, “sore todo para que los ganaderos no carguen con lo que implica la protección de una especie que es parte del patrimonio natural del conjunto de la sociedad española".

La sociedad tiene que “contribuir económicamente a través de los Presupuestos Generales del Estado a garantizar que la protección es compatible" con la protección de los ganaderos”.

Ganaderos en peligro

Frente a esta opinión, Jesús Muñoz, ha insistido en que es “el ganadero es el que verdaderamente está en peligro de extinción”, advirtiendo que se trata de “un perjuicio añadido” a los daños provocados al sector por el incendio.

Joaquín Antonio Pino, de Asaja, ha exigido “la fulminante dimisión o cese” de la “prepotente” ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya que “ha demostrado su nula voluntad de escuchar al sector que soporta día a día los ataques que causa esta especie en expansión” y por “atentar contra lo que presume de defender en su departamento, la población rural, tomando una medida unilateral que socava la continuidad de explotaciones”.

Por su parte, la Junta de Castilla y León presentará en los próximos días un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la orden ministerial. El recurso, consensuado con los representantes de las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria y Galicia, solicitará además medidas cautelares que paralicen la aplicación de la orden por los daños que causará.