También, en el caso de su reconocimiento como autoridad pública, en el supuesto de que el profesorado sea víctima de agresiones o intimidaciones graves derivadas de su tarea docente, estas podrán ser calificadas como delitos de atentado a la autoridad, lo que significa un endurecimiento en las penas de los autores.

El proyecto de ley reconoce la autoridad del profesorado y fomenta la consideración y el respeto que merecen en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades, con el fin de procurar el adecuado clima de convivencia en los centros educativos de Castilla y León y garantizar el derecho a la educación del alumnado.

Los objetivos son los de fomentar la consideración y el respeto a los docentes, incrementando su reconocimiento social como elemento fundamental para una adecuada convivencia en las aulas y mejorar la protección jurídica.

Presunción de veracidad
Con este reconocimiento, el profesorado de Castilla y León (37.533 docentes, de los cuales 28.347 pertenecen a la red pública y 9.186 a la concertada-privada) dispondrá de la presunción de veracidad ‘iuris tantum’ -mientras no se demuestre lo contrario- de su palabra frente a la que cualquier ciudadano en caso de versiones contradictorias en un litigio por agresión en el ejercicio de su actividad docente.

Además, los delitos cometidos contra el colectivo, una vez reconocida la condición de autoridad, podrán ser perseguidos de oficio por la Fiscalía, lo que eximirá al profesor agredido de ser agente principal de la denuncia facilitando el desarrollo de posibles procesos judiciales. Significa también, que se reconoce explícitamente la cobertura de responsabilidad civil en relación con los hechos que se deriven de sus tareas dentro o fuera del recinto escolar.

Una consecuencia directa del reconocimiento de autoridad pública, en el ámbito penal, es que las agresiones o intimidaciones graves al profesorado deber ser calificadas como delitos de atentado a la autoridad (artículo 550 del Código Penal), castigados con penas de dos a cuatro años de prisión y multas de tres a seis meses.

Una vez aprobado este proyecto de ley por el Consejo de Gobierno, se eleva a las Cortes de Castilla y León para su posterior tramitación parlamentaria. El proyecto de ley está recogido en el Plan de Convivencia Escolar, puesto en marcha desde el curso 2004-2005.