Según la denuncia, “la catástrofe medioambiental ha dejado de manifiesto la precariedad existente en el Servicio de Prevención y extinción de incendios en la Diputación de Ávila, en particular, y en Castilla y León en general”.

Por un lado, exigen “responsabilidades ante la falta de inmediatez a la hora de extinguir el vehículo que posteriormente provocó el incendio forestal”,  y apuntan que este hecho ya había sido advertido por la Plataforma de Bomberos Públicos de Castilla y León, ya que “para ofrecer servicio a toda la provincia de Ávila, con 8.000 kilómetros cuadrados con 100.000 habitantes y 247 municipios, solamente se cuenta con un parque de bomberos profesional”, como es el del Ayuntamiento de la capital.

La denuncia dice que con estos medios, “los tiempos de respuesta (tiempo medio que tarda un servicio de emergencia a un punto en concreto en su zona de actuación) no son propios de un país desarrollado y dejan en muy mal lugar a la Junta de Castilla y León, en comparación con otras comunidades autónomas”.

Incumplimiento de la ley

Según la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales, “hay un claro incumplimiento de la Ley Básica de Régimen Local, que regula la prestación de dicho servicio público como una de las competencias propias de la Diputación” y además, según la Ley de Protección Ciudadana de Castilla y León, “se debe desempeñar mediante un servicio de bomberos profesionales y agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones”.

Apuntan que sentencias recientes del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de León y del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León crean jurisprudencia al respecto.

La coordinadora considera que “ha habido dejación de competencias en materia de prevención y extinción de incendios por parte de la Diputación de Ávila, lo que podría generar responsabilidades penales” tras el grave incendio, por “inacción y/o actuación tardía y poco efectiva, además de una importante descoordinación entre las diversas Administraciones”.

En la denuncia se solicita que se preserven todas las grabaciones de voz de cualquier tipo, telefónicas, redes de comunicaciones propias, y registros de datos que existan en los centros de atención y despachos de llamadas de urgencias al 111 de las distintas administraciones intervinientes, no sólo de Castilla y León. Creen que es “un medio para demostrar lo denunciado”.