La entidad cameral dice compartir la “necesaria racionalización en el gasto público” que, a su juicio, “ha de traducirse en una Administración Pública eficaz y financieramente sostenible, moderna, ágil y competitiva en el marco de una economía que debe adaptarse a las demandas de los administrados: empresas y particulares”.

Desde su punto de vista, “los ajustes que ya han sido asumidos por la empresa privada son el espejo en el que debe mirarse la Administración Pública para conseguir los objetivos que ahora, más que nunca, exige la sociedad”, entre los que destaca “ofrecer más y mejores servicios a empresas y ciudadanos con menos recursos y menor gasto”.

En este sentido, apunta la cámara, “no se entendería que las Administraciones se quedaran atrás, sin mejorar, sin renovarse, sin incorporar modelos exitosos del sector privado y sin adaptarse a las nuevas demandas y realidades”.

Al respecto, la entidad cameral entiende que la colaboración público-privada para el ofrecimiento de servicios públicos de calidad a menor coste “es una vía perfectamente viable y asumible por las Administraciones Públicas”.

Sin embargo, la cámara no comparte la mecánica sugerida por el presidente del Gobierno en cuanto a la eliminación de duplicidades innecesarias se refiere, “ya que sólo alcanzan la categoría de recomendaciones cuya aplicación queda al arbitrio de las Comunidades autónomas y entidades locales”.

En este apartado, se entiende que es obligación del Gobierno “elevar esas recomendaciones a la categoría de obligaciones, pues sólo así se podrá hacer realidad una de las demandas que históricamente vienen realizando empresas y ciudadanos y que se resume en el principio de una Administración, una competencia”.