El parlamentario ha puesto como ejemplo el reciente conflicto surgido con motivo de la subasta de pastos de un monte de utilidad pública situado en el término municipal de San Martín del Pimpollar. En la misma, participaron la Junta Agropecuaria Local y un ganadero a título particular, quien finalmente al resultar adjudicatario, formalizó el contrato con la Administración autonómica.

Sin embargo, transcurridos unos días, la citada Junta Agropecuaria decidió plantear un recurso de alzada contra la adjudicación, lo que ha llevado a la Junta a suspender el acto administrativo que dio lugar al contrato hasta tanto en cuanto no se resuelva el recurso, pendiente todavía del informe del director general de Política Forestal.

Informe 
La lentitud en la elaboración de dicho informe lleva aparejada también retrasos en la contestación que ha de dar al recurso la Administración, según critica, a la vez que se pregunta por los motivos por los que la Junta no paralizó a tiempo la tramitación del expediente si considera que contiene alguna irregularidad,

Así las cosas, considera que la resolución del recurso está ocasionando un grave perjuicio al ganadero afectado, a quien se imposibilita desplazar su ganado al monte para beneficiarse de los pastos subastados y que inicialmente le fueron adjudicados por importe de 25.600 euros.

A este se suma el hecho de que ahora tendría que contratar un abogado para defender sus intereses y hacer frente al recurso planteado por la Junta Agropecuaria, de ahí que el procurador socialista haya reclamado mayor diligencia en la tramitación de estos recursos.