Citan los datos de la Junta para indicar que de las 422 camas iniciales se encuentran habilitadas 331, con lo que hay 91 menos, con porcentaje que casi dobla la media camas cerradas en la Comunidad autónoma (12,9%) y que es el segundo más elevado, sólo detrás de Burgos.

A juicio de los parlamentarios Miguel Hernández y Soraya Blázquez, “cuando los expertos coinciden en que este verano será crucial para controlar la pandemia, no parece lógico hacer frente a la desescalada en Ávila con alrededor de un centenar de camas inhabilitadas, a lo que se suma el hecho de que no se ha retomado la atención presencial en los centros de salud del medio rural”.

Junto a ello, según han denunciado recientemente los sindicatos del sector, se han paralizado consultas externas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas a pesar del incremento experimentado por los tiempos de espera como consecuencia de la pandemia.

En opinión de los procuradores abulenses, “un año más se constata que la Junta prefiere gestionar el sistema público de sanidad de la Comunidad priorizando los intereses económicos en vez de prevalecer la atención sanitaria y el cuidado de los pacientes”.

Según los procuradores, los meses estivales “podían haberse aprovechado para reducir las listas de espera en la provincia”, y lamentan que “lejos de reforzarse las plantillas, éstas volverán a quedar bajo mínimos en verano al no sustituirse vacaciones o bajas por enfermedad”.