El pleno del Ayuntamiento de Ávila defiende el empleo en CaixaBank y BBVA

En la declaración, se insta al Ejecutivo central a "llevar a cabo las acciones que sean necesarias para primar el mantenimiento del empleo y un servicio de atención presencial y de calidad en el sector bancario en España".

El texto recuerda la evolución del sector en los últimos años, incluyendo el rescate bancario, así como el hecho de que el sistema bancario español plantee en 2021 un total de 18.213 despidos, lo que supondría que desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, que la banca española podría alcanzar en este tiempo un total de 120.000 despidos.

Ahora, los Expedientes de Regulación de Empleo anunciados por estas dos entidades, afectando a más de 12.000 empleados, 85 de los cuales en Ávila, especialmente de CaixaBank, ha hecho que el Consistorio haya aprobado esta declaración institucional, un día después de la primera huelga celebrada el martes por la plantilla de esta entidad recién fusionada.

"Además de las consecuencias sociales y económicas que tiene la brutal pérdida de empleo arrastrada desde hace años y que este 2021 amenaza con recrudecerse, el cierre de oficinas bancarias tiene también otras consecuencias igualmente negativas", destaca el texto de esta declaración institucional.

Cierre de oficinas

En esta línea, subraya que esta situación conlleva "el cierre de oficinas", mientras que el despido de personal "condena a la población a una atención enteramente telemática, dejando por el camino la atención presencial que mucha gente necesita, sobre todo y especialmente en el ámbito rural y en la población más mayor".

En este contexto, los grupos con representación en el Consistorio creen que la decisión del sector bancario de "maximizar sus beneficios a costa de la destrucción de empleo y el cierre de oficinas de atención presencial, está dejando por el camino una profunda brecha digital (...) que afecta especialmente a los abulenses más mayores", aunque esa circunstancia también afecte "a la totalidad de la población".

Por ello, considera "necesario" un pronunciamiento de las administraciones públicas, para señalar "la necesidad de mantener y proteger el empleo en el sector bancario" y también "la obligatoriedad de garantizar el derecho de todas las personas, especialmente de las más mayores, a una atención presencial y de calidad".