Martín Benito, acompañado por la procuradora abulense Soraya Blázquez, ha visitado el puente romano sobre el río Adaja, uno de los siete expedientes de declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) que la Junta tiene pendientes, junto con el antiguo matadero de Ávila, el castro de la Mesa de Miranda de Chamartín o la Villa de Pedro Bernardo.

En este contexto, el portavoz socialista de Cultura ha dicho que el artículo 71 de la Ley de Patrimonio contempla que las obras públicas licitadas por más de 300.000 euros, deben aportar el 1% Cultural a "la conservación y mantenimiento del patrimonio".

En este sentido, ha acusado a la Administración autonómica de no haberlo hecho, lo que ha supuesto que la Junta "ha hurtado 87 millones de euros" a la conservación del patrimonio, de los cuales 6,6 habrían sido para la provincia de Ávila.

Al respecto, ha recordado que el patrimonio cultural es "un valor esencial reconocido por el Estatuto de Autonomía", así como "el principal recurso turístico" de la Comunidad y la "gallina de los huevos de oro a la que hay que cuidar y alimentar con financiación".

Rechazo de propuesta

Así, ha lamentado que, tras rechazar en febrero de 2019 la proposición no de ley presentada por el PSOE para aplicar el 1% Cultural, dos meses después fuera incluida en el programa electoral del PP, aunque "como se coge antes a un mentiroso que a un cojo", esa promesa no ha sido cumplida en la elaboración de los Presupuestos de la Comunidad para 2021.

Y es que, frente a los 110 millones que habría supuesto aplicar el 1% Cultural a los 11.000 millones de euros presupuestados, finalmente la partida incluida a esta finalidad fue de 24 millones de euros, es decir, el 0,21%.

Asimismo, José Ignacio Martín Benito ha acusado a la Junta de "improvisación, pereza, dejadez y desidia" en esta materia al "no agilizar los expedientes" de reconocimiento de BIC, algunos de los cuales acumulan décadas de espera.

En esta línea, ha lamentado que la Junta "no sea capaz de invertir el 1% Cultural" en patrimonio, mientras que el Gobierno central, sin ser su competencia, ha destinado 28 millones de euros desde 2018.

Construcción en piedra seca

Igualmente, ha criticado que la Junta fuera "perezosa" y "no presentara la documentación necesaria" en 2018, para sumarse a las otras ocho comunidades autónomas en las que la técnica de construcción en piedra seca fue reconocida por la Unesco con el título de patrimonio mundial. Un reconocimiento que beneficiaría especialmente a la provincia de Ávila, ha recordado.

Por ello, ha anunciado que en el próximo periodo de sesiones, el grupo socialista presentará una iniciativa parlamentaria para que el Gobierno autonómico "vuelva a considerar la presentación a la Unesco" de esta técnica constructiva, al ser la comunidad a la que más le afecta.

Además, tiene previsto presentar otra iniciativa pidiendo que la Junta destine una cantidad a la "rehabilitación, recuperación, restauración y rehabilitación" de la muralla de Madrigal de las Altas Torres, después de que se rechazara su propuesta de reservar a este fin 150.000 euros en los Presupuestos de este año.

Situación de deterioro

Por su parte, Soraya Blázquez ha declarado que a los responsables de la Junta "se les llena la boca presumiendo del patrimonio cultural de la provincia", sin embargo "gran parte del mismo se encuentra en una situación de deterioro, incluso de abandono, a la que no se da solución cuando existen recursos y herramientas para ello".

Así, además del 1% cultural recogido en la Ley de Patrimonio de julio del año 2002, se ha referido a la aplicación del 1% del Presupuesto consolidado de la Comunidad a la protección y conservación del Patrimonio, una promesa electoral “incumplida” del presidente Alfonso Fernández Mañueco, que dedica “solo” a esta cuestión el 0,21%, es decir, solo 24 millones de los 110 que le hubiera correspondido.

La parlamentaria socialista también ha señalado que “el desinterés de la Junta en esta materia provoca que el deterioro se cebe sobre todo en el patrimonio emplazado en el medio rural, puesto que, a la falta de atención por parte de la Administración Autonómica, se suma la pérdida de vitalidad de las comarcas rurales como consecuencia de la despoblación".