El incremento de la cuantía de esta línea de ayudas y la modificación de las bases reguladoras, para permitir más contrataciones de las establecidas en la convocatoria recientemente publicada en el Bocyl, era el objetivo de la iniciativa socialista debatida en la Comisión de Empleo y que no ha salido adelante por el voto en contra de PP y Cs.

Según la parlamentaria abulense, las entidades locales tienen adquirido un compromiso social para favorecer la inserción laboral de las personas con discapacidad, pero no todas cuentan con los medios necesarios, por lo que las ayudas que convoca la Junta son el único recurso del que disponen para ello.

“Es que no estamos ni haciendo ni lo mismo, estamos haciendo menos ¿Cómo queremos fijar población en estas condiciones?”, dijo Blázquez antes de explicar que, mientras antes se concedían 10.439 euros por entidad local, ahora la cantidad se ha recortado a 5.510 euros, lo que complica a los ayuntamientos ejecutar proyectos que contribuyan al desarrollo del medio rural.

La convocatoria de ayudas del año 2020 ya sufrió una drástica reducción del presupuesto y lo mismo ha ocurrido en la de este año, lo que ha provocado que “los ayuntamientos vean disminuida su capacidad de generar puestos de trabajo entre el colectivo de personas con discapacidad”, ha subrayado.

En su opinión, la ampliación de ayudas solicitada se hace más necesaria que nunca por el escenario de pandemia y los efectos que ha provocado la alta contagiosidad del coronavirus, que en materia de contratación de personas con discapacidad se traducen en una caída del 30 por ciento respecto al año anterior.