Según Hernández y Blázquez, el nuevo sistema es un motivo de "discriminación", para las personas de avanzada edad, ya que "no están familiarizadas con las nuevas tecnologías", pero también para "el conjunto del medio rural", ya que "en muchas zonas" la calidad de las conexiones a Internet "deja mucho que desear".

A su juicio, al margen de la posibilidad de elegir entre atención médica telefónica o presencial, las citas se van a tener que pedir a través de las nuevas aplicaciones informáticas de Sacyl, algo que "para la gente más joven no supondrá un problema pero sí puede causarlo entre la gente de mediana y avanzada edad".

Los parlamentarios abulenses se muestran partidarios de que "coexistan durante más tiempo las diferentes formas de pedir cita", es decir, mediante el teléfono y a través de canales telemáticos.

Al respecto, Hernández y Blázquez entienden que los nuevos métodos "son necesarios y podrán reportar beneficios al sistema sanitario", pero precisan que "no deberían de sustituirse sin un periodo de transición al nuevo sistema, para que los usuarios de cada zona básica de salud se fueran adaptando en función de sus particularidades".

Los dos procuradores dicen haber constatado "las dudas" que, sobre todo en el medio rural, está generando la puesta en funcionamiento de la nueva aplicación del Sacyl.

En esta línea, han apuntado que "una vez más, la Junta obligará a los ayuntamientos a solucionar con sus medios el problema que se crea, asumiendo competencias impropias para ayudar a la gente y explicar cómo se utiliza, o incluso contratando personal para realizar las gestiones".