Ante estos datos, UGT pide a los ayuntamientos y a la Junta de Castilla y León “que empiecen a pasar factura a las entidades de crédito vía impuestos, cuando no faciliten el acceso a la primera vivienda y para que realicen alquileres sociales en al menos el 50 % de las viviendas que tienen en propiedad”.

En Ávila, recuerda el sindicato “estas entidades echaron a 104 familias de sus casas en 2012 por impagos hipotecarios, frente las escasas 25 viviendas que aportan al fondo social de alquiler en toda la provincia”.