Miguel Hernández y Soraya Blázquez han justificado la petición de creación de la comisión de investigación en este sentido porque "es necesario conocer cómo se gestionaron los centros residenciales de mayores durante los días más críticos de la pandemia y, sobre todo, para que no vuelva a repetirse lo sucedido".

Según sus datos, en la provincia de Ávila, desde el inicio de la pandemia y hasta el 4 de mayo, los fallecimientos en residencias vinculados al Covid-19 han sido 269, de los que 184 están confirmados y 85 presentaban síntomas compatibles con el coronavirus. Eso supone que en la provincia "el 8% de las personas mayores residentes ha muerto como consecuencia de la pandemia".

Asimismo, consideran que "merece ser investigado" el porcentaje de personas mayores en residencias que se ha contagiado de Covid-19, que en el caso de Ávila "se aproxima al 30%". Esto significa que "uno de cada tres mayores ingresado en una residencia ha contraído la enfermedad". En términos relativos han sido 1.015 de los 3.403 residentes los que se han infectado.

Menos residentes

Desde su punto de vista, también resulta "llamativa" la reducción de personas en centros residencias que se ha registrado desde el inicio de la pandemia, "ya sea por fallecimientos o porque sus familiares decidieron sacarlos de las residencias ante las dudas que les provocaba la gestión de las residencias".

De este modo, según los datos de la Junta, en la provincia de Ávila había en abril del año pasado 3.929 personas ingresadas en una residencia de mayores y en la actualidad hay 3.403, es decir, 526 menos, lo que representa una disminución del 13%, el porcentaje más elevado de la Comunidad autónoma, en la que la reducción media de personas en residencias ha sido un 8%.

“Lo único que pretende el PSOE es que se sepa la verdad de lo ocurrido”, coinciden en subrayar los procurares socialistas abulenses, quien han insistido en la necesidad de adoptar medidas para que jamás vuelva a suceder y para cambiar el actual modelo residencial, que permite que dos tercios de las plazas residenciales de la provincia estén en manos de empresas privadas.

En concreto, en la provincia de Ávila, de las 3.664 plazas residenciales para personas mayores, solo 1.055, el 28,8% del total, sean de titularidad pública, de ahí que los procuradores hayan coincidido en que "no puede consentirse que el modelo residencial descanse únicamente en manos de los que quieren hacer negocio con la salud y la vida de las personas mayores".