En la presentación de la unidad satélite de radioterapia de Ávila, el presidente del ejecutivo regional ha criticado al Gobierno por no establecer una legislación intermedia, ante lo que la Junta va a “seguir trabajando para proteger la vida, la salud y la economía de Castilla y León”.

“El lunes el Gobierno de España no aprobó ninguna medida, ningún instrumento al servicio de las comunidades autónomas, lo único que hacía era posibilitar un cauce de recurrir al Tribunal Supremo, pero el 9 de mayo concluye el estado de alarma”, ha dicho. “Y yo añado que comienza la recuperación económica en Castilla y León el 9 de mayo”, ha afirmado, a la espera de las decisiones que adopte el jueves el Consejo de Gobierno de la Junta.

“El Gobierno de Sánchez hace dejación su responsabilidad y yo no voy a hacer dejación de mi responsabilidad”, ha manifestado, acusando al Gobierno de haber “abandonado a las comunidades autónomas frente a la pandemia, sin ningún tipo de apoyo legislativo”.

La decisión del martes del Gobierno “no da ningún apoyo, ningún instrumento jurídico nuevo”, por lo que se ha propuesto “seguir trabajando para proteger la vida la salud y la economía de Castilla y León” ante “la negligencia, por el abandono, del Gobierno de Sánchez”, cuando el 9 de mayo decaiga el cierre perimetral.

Ley orgánica

Mañueco ha explicado que en octubre el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León “dejó claro que estas decisiones respecto del toque de queda o de los cierres perimetrales, no solo en ese auto del mes de octubre sino a lo largo de unos reiterados autos del propio tribunal”, son “cuestiones que deben ser reguladas por ley orgánica” y “no hay ninguna ley orgánica en este sentido, y que lo que estrictamente el toque de queda requiere una legislación excepcional como es en el estado de alarma”.

Según el presidente de la Junta, “el Gobierno de España no ha hecho sus deberes”, ya que “tenía que haber aprobado una legislación intermedia entre la legislación sanitaria ordinaria que se ha visto superada por las circunstancias de la pandemia y una situación excepcional, como es el estado de alarma”.

“Lo prometió a comunidades autónomas, a fuerzas políticas y a distintos representantes sociales”, pero “eso no ha ocurrido”, ante lo que “los servicios jurídicos nos dicen que, en función de las reiteradas resoluciones judiciales y autos de los tribunales superiores de Justicia, no solo de Castilla y León, no tiene ningún tipo de viabilidad jurídica, no hay grieta jurídica en el armazón y por tanto no tiene sentido que hagamos ninguna decisión en esta materia".