Según ha explicado Pedro Alba, responsable de la Junta de Personal de la Administración de Justicia en Ávila de Comisiones Obreras, las medidas que planea el Ministerio de Justicia implicarán la privatización de los registros civiles y los actos de comunicación, que pasarán a procuradores y notarios en vez de los funcionarios, y dejando de ser gratis.

Una veintena de funcionarios se ha concentrado en la mañana del martes en el comienzo de una serie de protestas, asegurando que 60 de ellos se verán afectados por los futuros cambios con la Ley de Reforma de la Estructura Judicial, que podría suprimir partidos judiciales y los juzgados de paz.

Los asuntos civiles y contencioso-administrativos han caído en un 20 por ciento desde la implantación de las tasas, o la supresión de partidos judiciales y de las secretarías de juzgados de paz también son medidas que ha calificado de “restrictivas” y “negativas”, también para los funcionarios.

Para septiembre anuncian más protestas, paros y una consulta entre los funcionarios para apoyar una huelga en octubre.