El grupo popular en la Cámara Alta, del que forman parte Juan Pablo Martín, Sebastián González y Patricia Rodríguez, ha registrado una moción para que la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana  inste al Gobierno "a no llevar a la práctica su propuesta de cobrar peajes por circular por las autovías españolas".

Según los senadores abulenses, "ese derecho, sin duda, se vería mermado sobre esta red de más de 12.000 kilómetros de vías gratuitas de alta capacidad que vertebran España y que, en virtud de tener que pagar por su uso, pasarían a tener una consideración mucho más cercana a la de los 3.000 kilómetros que conforman la red adicional de autopistas". 

En su opinión, "el rechazo social" que ha generado la intención del Ejecutivo en este sentido, incide en que "este tipo de medidas no sólo no reactivarían la economía, sino que traerían la pérdida de muchos empleos en el sector, al igual que el final para muchas empresas transportistas que, ante la alerta sanitaria, siguen adelante con enormes dificultades". 

Efectos sobre el transporte

Los senadores recuerdan que el sector del transporte supone el 8,5 por ciento del PIB nacional y genera más de 1,3 millones de empleos en España, lo que "da una idea de su alcance socioeconómico y que implicaría una cascada de quiebras provocadas por esta medida". Así, ha indicado igualmente que el 85% de las mercancías de todo tipo que se mueven en nuestro país lo hacen por carretera.

Asimismo, critican al Gobierno por querer poner en marcha la medida "unilateralmente, sin consenso ni diálogo previos con el sector del transporte, ni mucho menos con las distintas fuerzas políticas".

"Estamos hablando de infraestructuras de comunicación que ya están construidas y en servicio, es decir, que no se precisa de financiación externa para su ejecución, como ha pasado tradicionalmente con las autopistas, en las que, por dicha razón, la figura del peaje sí está justificada", han explicado.

En su opinión, las autovías "son infraestructuras que, por definición, son públicas y gratuitas, entre otras cosas porque ya las han pagado los españoles con sus impuestos, a través de los Presupuestos del Estado que han permitido su construcción". Por ello, consideran que "bajo ningún concepto se debe pagar dos veces. o más bien muchas, por lo mismo".