Por parte de los populares, han estado presentes el portavoz de la Comisión de Justicia del PP en el Senado, Fernando de Rosa Torner; la coordinadora general del PP de Ávila, Patricia Rodríguez; el vicesecretario de Políticas Sectoriales, Óscar Arroyo; y el secretario ejecutivo de Justicia, José Ignacio Dávila. 

Según ha informado el PP, en el encuentro, "se ha reiterado la necesidad de que el Gobierno cumpla con la obligación constitucional que, como autoridad competente, tiene de liderar la reglamentación al respecto con leyes ordinarias –algo que no ha hecho desde que comenzó la pandemia– para que las comunidades autónomas tengan un paraguas legal en el posterior desarrollo normativo que les permita la gestión de la situación en los próximos meses". 

El PP ha señalado que "alguno de los presentes" ha hablado del “fraude democrático” que supone "no afrontar esta reglamentación propiciaría una suerte de vacatio legis permanente que, lejos de prever, incluso a medio plazo, un marco legal que permita a los tribunales ordinarios desempeñar su labor en el necesario acompañamiento legal a las normas que sea necesario dictar desde las comunidades autónomas en lo tocante a cierres perimetrales o restricciones horarias de movilidad, genera un vacío que abre la puerta a todo tipo de arbitrariedades jurídicas de consecuencias imprevisibles", según De la Rosa  y los abogados y procuradores asistentes.

Los cargos del Partido Popular han transmitido a los juristas su “firme empeño en plantar cara al Gobierno de Pedro Sánchez" en este asunto, mediante "los mecanismos y herramientas constitucionales" de los que disponen, para "evitar esta situación a partir del día 9 de mayo".

En este sentido, los populares abulenses recuerdan que Pablo Casado, presidente del PP, ha presentado a lo largo de estos meses, numerosas propuestas "en el marco de un plan jurídico de alcance y perfecto encaje en el contexto actual, sin que haya sido tenido en consideración por el Gobierno".