Por ello, ambos procuradores han celebrado que "el fin del rodillo" pueda servir para "acabar con el maltrato de la Junta a los sanitarios". Al mismo tiempo, esperan que la pérdida de la mayoría absoluta "acabe con una manera de actuar que ha tenido su ejemplo más reciente en la suspensión de la vacunación prevista los días 7 y 8" de abril.

Hernández y Blázquez han subrayado "la oportunidad que se abre en las Cortes de Castilla y León para aprobar iniciativas que beneficien el interés general de los ciudadanos", tras perder la mayoría absoluta, a raíz del abandono del grupo de Ciudadanos de una de sus parlamentarias.

En este sentido, han destacado que "la primera consecuencia" de esta "nueva etapa política" es la retirada del "decretazo sanitario", algo que en su opinión demuestra que "a partir de ahora, la Junta tendrá que negociar cualquier toma de decisión que lleve a la Cámara".

Junto a esta "consecuencia", la nueva situación ha propiciado la aprobación, sin votos en contra, de una propuesta del PSOE para pedir a la Junta que habilite 162 millones de euros como complemento a los 232 millones que ha aprobado el Estado para ayudas directas y adicionales.

Una convocatoria que deberá diseñarse a través del Diálogo Social y los sectores afectados, "en contra de lo que ha venido sucediendo, con el PP y Cs mirando hacia otro lado y eludiendo sus responsabilidades en las crisis".

Necesidades sanitarias

Miguel Hernández y Soraya Blázquez consideran que una parte de esos 162 millones a los que se ha comprometido la Junta deben servir para atender "las necesidades de personal e infraestructuras sanitarias que padece la provincia de Ávila", así como para recuperar la actividad en los consultorios locales, con el fin de ofrecer a los ciudadanos, especialmente los del medio rural, "un servicio tan esencial como el sistema público de salud, que por culpa de las políticas del PP y Cs ha sufrido un grave deterioro".

Igualmente, dichas ayudas tendrán que compensar los efectos que la pandemia ha tenido en los trabajadores autónomos que se han visto obligados a reducir su actividad o a cerrar sus negocios y en las actividades empresarias consideradas estratégicas en el desarrollo económico de nuestra provincia, como son las relacionadas con el comercio, el turismo y la hostelería. 

Por otro lado, los procuradores socialistas han llamado la atención sobre la "escasa sensibilidad" demostrada por el PP y Cs con los colectivos más vulnerables a la crisis económica, social y sanitaria actual, como "evidencia" el hecho de que las cuentas de la Junta arrojaron en 2019, un año electoral, un déficit de 433 millones de euros, mientras que el ejercicio económico de la Comunidad se ha cerrado en 2020 con un superávit de 24 millones.

La conclusión de estas cifras, han explicado, es que en 2019 "el PP gastó para contentar a muchos sectores ante las elecciones y en 2020 PP y C's han hecho caja usando la pandemia y los fondos del Estado", recordando al respecto que el Gobierno de España ha entregado a Castilla y León 843 millones de euros en Fondos Covid.