La tipología de parques se define en función de factores geográficos, demográficos, de vulnerabilidad, especificidad del riesgo y tiempo de respuesta, y están divididos en cuatro tipos según la población afectada y el área de intervención que deben atender. La aprobación de este plan se produce dos semanas después de que la Diputación adjudicase a la Universidad de Salamanca el estudio para el desarrollo y ubicación de los parques de bomberos comarcales, por importe de 63.748 euros, en un proyecto que deberá estar terminado a lo largo del año.

El plan de la Junta establece como "parque del tipo 1" el de Ávila capital, que se define como “los  parques ubicados en municipios de más de 20.000 habitantes que dan respuesta a sus áreas de intervención y se constituyen como parques de referencia para el conjunto de la provincia”.

Luego se sitúan el "parque tipo 2", que son los situados en municipios de menos de 20.000 habitantes, que “atienden áreas de intervención cuyos riesgos son mayores a los de la media del resto de la provincia, o bien que teniendo riesgos similares a los de dicha media, deben ubicarse en el territorio de manera estratégica, para el apoyo adecuado a otros parques de la provincia”. El plan fija este tipo a situar en Arenas de San Pedro, Arévalo y Sotillo de la Adrada.

Por otra parte, el “parque tipo 3a” son los ubicados en municipios de menos de 20.000 habitantes, que “atienden áreas de intervención cuyos riesgos son inferiores a la media del resto de la provincia”. El plan adjudica dos en la provincia: Cebreros y Piedrahíta.

Y, por otra parte, el “parque tipo 3b” son los situados en nunicipios de menos de 20.000 habitantes, que “atienden áreas de intervención cuyos riesgos son poco significativos y no justifican la existencia de un parque de nivel superior”. El plan otorga diez parques de este tipo en Burgohondo, Candeleda, El Barco de Ávila, El Tiemblo, Lanzahíta, Las Navas del Marqués, Madrigal de las Altas Torres, Muñico, Navaluenga y Navarredonda de Gredos.

El plan organiza demarcaciones geográficas, denominadas áreas de intervención, en número de 105 de Castilla y León, con el nombre del núcleo de población seleccionado para el emplazamiento del parque de bomberos. Se trata de demarcaciones de carácter funcional, a efectos de operatividad de los medios asignados a cada una de ellas.

Garantizar una respuesta
El Consejo de Gobierno ha aprobado en su última reunión, por decreto, el Plan Sectorial de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de Castilla y León, con “la finalidad de garantizar una respuesta eficaz y homogénea frente a los incendios no forestales y demás situaciones de emergencia, mejorando los tiempos de respuesta, la calidad de los servicios y su interoperabilidad con el resto de los servicios del sistema de protección ciudadana de Castilla y León”.

Según se explica, los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de Castilla y León están integrados por los profesionales y medios materiales asignados a la prevención para evitar o disminuir el riesgo de incendios no forestales u otros accidentes, la extinción de dichos incendios, la protección ciudadana en cualquier situación de emergencia y el salvamento y rescate de personas y bienes en tales situaciones.

Estos servicios son de competencia municipal, conforme a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (legislación básica del Estado), debiendo prestarse en cualquier caso por los municipios de más de 20.000 habitantes, mientras que en los de menor población pueden ser sustituidos por las diputaciones provinciales.

La Junta de Castilla y León, conforme a la Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León, debe regular estos servicios con respeto a la autonomía de las entidades locales, para garantizar que su prestación sea eficaz y homogénea en el conjunto del territorio de la Comunidad, en especial en cuanto a tiempos de respuesta, calidad e interoperabilidad.

Así pues, el plan sectorial aprobado se aplica a los SPEIS de las entidades locales, de forma que los actos y disposiciones que adopten en el marco de sus competencias y en función de sus disponibilidades presupuestarias en relación a sus respectivos SPEIS, deberán adecuarse a los mínimos establecido en el Plan Sectorial.

El plan no afecta al servicio de extinción de incendios forestales, cuya regulación y prestación corresponde a la Junta de Castilla y León,

Media hora
El contenido del plan establece “la distribución mínima de los parques de bomberos en el territorio de Castilla y León, dentro de cada una de las áreas de intervención determinadas, para cubrir al total de la población en un tiempo de respuesta de referencia inferior a 30 minutos y garantizar una prestación homogénea”,

También determina “la tipología de los parques de bomberos en función de las características de cada área de intervención, señalando por ejemplo la presencialidad, los tiempos de salida del parque, los intervinientes que han de operar por turno y las dotaciones o equipamientos que se ha de exigir a cada parque”.

Según se indica, se trata de “criterios mínimos, que pueden ser mejorados por la administración titular del servicio”, y se “posibilita la integración de los parques existentes en el modelo propuesto”, así como “establecer un sistema de respuesta integrado del conjunto de parques a nivel provincial, lo que permitirá una mayor eficiencia.

El plan establece también “los criterios de actuación para garantizar la coordinación y la respuesta homogénea a nivel regional, basados en los principios de celeridad y proporcionalidad en el uso de los medios; cooperación, coordinación, solidaridad y asistencia recíproca”, así como “la estructura, organización y funcionamiento de los servicios de prevención y extinción de incendios para su adecuación al sistema de protección ciudadana”.

Participación

En la preparación técnica del plan han participado representantes de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMPCyL) y de las centrales sindicales UGT, CCOO y CSIF. En su tramitación se ha dado audiencia a 28 entidades, en concreto a todas las diputaciones provinciales aunque tres no participaron, a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, a la Delegación del Gobierno, a la Federación Regional de Municipios y Provincias y a los sindicatos UGT, CCOO, USO y CSIF.

El plan ha sido conocido por el Consejo de Cooperación Local e informado favorablemente por la Dirección General de Presupuestos y Estadística, por la Asesoría Jurídica y por el Consejo Consultivo de Castilla y León.

En cuanto a la financiación del Plan Sectorial, corresponde a las entidades titulares de los servicios en sus respectivos ámbitos. Sin perjuicio de ello, la Junta ha previsto una línea de apoyo específico a las diputaciones para el cumplimiento de las obligaciones que se derivan del apoyo que deben prestar a los municipios con menos de 20.000 habitantes.

Dicha línea, dotada con diez millones de euros en cinco años, se estrenará este mismo año con una dotación de dos millones, que se distribuirán entre las diputaciones con arreglo a los criterios en vigor utilizados por la consejería competente en materia de administración local. La Diputación de Ávila recibirá 200.971,57 euros.

Además de lo anterior, la Junta asume también responsabilidades en materia de formación, por un importe anual de 215.000 euros, incluidos en el presupuesto de la Agencia de Protección Civil.