De ellos, 1.166 son adultos y 829 menores, con una cuantía media mensual por hogar de 449,99 euros, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El número total de expedientes presentados es de 3.944, de los que 272 eran duplicados y 3.673 válidos. De esos, fueron tramitados 2.372, aprobados 795 y denegados 1.524, con un total de resueltos de 2.319, si bien 53 se encuentran en proceso de subsanación.

El Ingreso Mínimo Vital cubre la diferencia hasta un umbral de renta garantizado que varía en función del tipo de hogar contabilizando las rentas preexistentes, si existen, con excepción de las rentas mínimas de las comunidades autónomas. El umbral de renta garantizada oscila entre los 470 euros al mes (el equivalente a una pensión no contributiva) para un hogar unipersonal y los 1.033 euros al mes para unidades de convivencia formadas por dos adultos y tres o más menores o tres adultos y dos o más menores o por cuatro adultos y un menor.

Pobreza infantil

Para el subdelegado del Gobierno, Arturo Barral, el Ingreso Mínimo Vital es “un instrumento especialmente eficaz para combatir la pobreza infantil”, que es “uno de los grandes retos de este Gobierno, especialmente asumido por el presidente”.

“Por todo ello –ha dicho-, resulta muy cansado ver cómo la retórica derrotista de algunos medios que empiezan a vender el fracaso de esta medida, que ya supera la dotación global de las rentas mínimas de las comunidades autónomas”.

“De hecho, destinamos más dinero del que muchos gobiernos autonómicos han estado gastando en este concepto en sus territorios en un año normal”, lo que supone haber “creado una prestación de la nada, que se pone en marcha en plena pandemia, en la que se gastan más recursos del Estado que muchas comunidades autónomas”. Y esa prestación “llega a más beneficiarios de los que nunca cubrieron las comunidades autónomas, teniendo competencias y potestades para ello".